Las mujeres aragonesas que se encuentran al límite de las 14 semanas de gestación --plazo establecido legalmente para abortar-- todavía no saben ni cuándo ni dónde serán sometidas a la intervención. Desde los centros sanitarios se aseguraba ayer que la situación es urgente y que las pacientes comienzan a estar "desesperadas" ante la tardanza en conocer la fecha y hora de la práctica.
Las afectadas, principalmente gente sin recursos económicos para poder anticipar el pago de la operación, no rebasarían la decena aunque entre ellas podría haber alguna muy joven. Pero a todas ellas les urge una solución definitiva porque están a punto de alcanzar, entre esta semana y la siguiente, el periodo máximo de gestación permitido para abortar. "Siempre se les dice que al día siguiente y ellas no pueden más porque tras algunos casos hay verdaderas tragedias", apuntaron desde un centro de salud.
ÚLTIMOS FLECOS
De momento, pues, no hay acuerdo o, al menos, no hay constancia de él por parte de las mujeres, según apuntas fuentes sanitarias. Sin embargo, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aseguró ayer que ya hay pacto con una clínica zaragozana especializada en reproducción asistida y en la que, a partir de esta misma semana, se llevarían a cabo las intervenciones. "Se ha procedido a la inspección de las instalaciones y se ha comprobado que cumplían con los requisitos para proceder a su homologación", indicaron fuentes del Ejecutivo.
La Administración daba por seguro el acuerdo, aunque, de momento, no hay ningún aborto programado para hoy en los dos hospitales públicos --Clínico y Miguel Servet-- ni tampoco en la clínica navarra de Ansoain, con la que el Ejecutivo autonómico rubricó un acuerdo a finales de la pasada semana para derivar allí pacientes aragoneses. "Esta semana se pondrá todo en marcha, tanto en la clínica de Zaragoza, como en los dos hospitales públicos y en Pamplona, como la tercera vía a utilizar en última instancia", subrayaron desde la Administración.
FACULTATIVOS DE FUERA
De hecho, la DGA ha contratado ya a facultativos procedentes de Madrid, Cataluña y País Vasco para practicar los abortos en el Servet y en el Clínico ante la falta de personal. Incluso, desde varios sectores sanitarios ponen en duda que haya habido médicos de la sanidad pública aragonesa que se hayan prestado voluntarios para realizar estas intervenciones, tal y como aseguró el departamento. "No se ha planteado nada de nada y nos han dicho que mañana --por hoy-- nos dirían algo", advirtió un facultativo del Clínico.
En todo caso, Sanidad incide en garantizar que las mujeres que siguen esperando para abortar lo harán en los próximos días, aunque, ayer, estas seguían sin tener constancias de un acuerdo que aguardan con impaciencia.
La semana pasada, las clínicas Actur y Almozara, las únicas autorizadas por la DGA para practicar abortos, anunciaron la ruptura de su acuerdo con la Administración debido al impago, por parte de Sanidad, de 800.000 euros, lo que obligó al departamento a buscar soluciones de urgencia. La práctica en hospitales públicos y el acuerdo con la clínica pamplonesa fueron las primeras medidas tomadas por el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que calificó la elección del centro navarro como "solución de urgencia" y se comprometió a encontrar una fórmula para que, a medio plazo, todas las prácticas se lleven a cabo en la capital aragonesa.
Del mismo modo, Oliván también garantizó el desembolso de acuerdo con la Administración y abonaran la cantidad de la factura, por parte de la Administración, a aquellas mujeres que acudieran a abortar en las dos clínicas que rompieron su requerida por adelantado. Así, las embarazadas que puedan permitírselo acudirían a interrumpir su embarazo a las clínicas Actur o Almozara, que remitirían la consiguiente factura que sería reclamada al Servicio Provincial.
Pero las pacientes ven dos problemas. El primero reside en la ausencia de privacidad que conlleva la emisión de una factura y el segundo y principal alcanza a la imposibilidad de asumir un desembolso que ronda los 500 euros para personas sin recursos, algunos de ellos inmigrantes, que no pueden costearse la intervención bajo ningún concepto y que rondan ya las 14 semanas de gestación.
