La sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) y las entidades bancarias a las que le debe dinero pondrán un poco de paz el próximo lunes a las tensiones generadas en las últimas semanas, después de que se quedaran sin cobrar los 80 millones a los que debían hacer frente antes de finalizar el 2011 tanto el Gobierno central, con el 50% del accionariado, y la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, con el 25% cada uno. Y lo harán sin pagar un solo euro de lo que les correspondía pero garantizando el pago de los intereses de demora de esos 80 millones y los que generen los otros 320 millones de euros que les correspondía amortizar este año y el siguiente.

El acuerdo se rubricará antes incluso de que se constituya el nuevo consejo de administración, ya que tras la marcha del Víctor Morlán, exsecretario de Estado de Infraestructuras, aún no se ha determinado quien le relevará en el cargo. Mientras, ZAV puede ponerse a trabajar en la reestructuración de la deuda a más años. Y lo puede hacer gracias al cambio de opinión de la DGA, que in extremis decidió dar marcha atrás a su negativa a hacer frente a sus obligaciones o demorarlas mientras el Gobierno central no confirmara el relevo en el consejo. Finalmente, aceptó este nuevo compromiso de hacer frente al pago de los intereses y ya se pueden sentar a negociar con las siete entidades bancarias a las que deben en total 400 millones de euros.

Las garantías que pueden aportar en esta reestructuración de la deuda son las mismas que hasta ahora: el valor del suelo del futuro barrio del AVE, cerca de la intermodal de Delicias y del Portillo. Y eso que ZAV lleva tres años sin vender un solo metro cuadrado de estas parcelas que son su principal activo. Pero tendrán que presentar a los bancos un plan de negocio sobre el que nadie ha presentado una propuesta en firme. Se hará ahora y en el abanico ya se ha sopesado desde aumentar la edificabilidad hasta ir a la reparcelación de los terrenos en unidades más pequeñas y que sean más fáciles de colocar en el mercado. Esto formará parte del plan de negocio que deberán presentar a los bancos.

Mientras, la DGA aún debe hacer frente a los más de siete millones de euros de la última ampliación de capital realizada en junio del 2011, ya que Fomento ya abonó su parte y el ayuntamiento pagó con suelo.