La fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Eduardo Fungairiño, ha archivado la denuncia presentada por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en la fiscalía general del Estado contra la academia de idiomas Opening, que cerró sus instalaciones el pasado mes de agosto al declararse en quiebra, dejando sin servicio a los 82.000 alumnos matriculados en todo el país. El cierre de las academias evidenció la inexistencia de una regulación que garantizara a los usuarios la rescisión de contratos de créditos cuando el servicio que los motivó dejara de prestarse, como en este caso, ya que los afectados tenían que seguir pagando por clases que no recibían.
El fiscal sostiene que los hechos denunciados "no tienen encaje penal". Y descarta que puedan ser tipificados como una estafa. La fiscalía argumenta que la situación de quiebra de la empresa "no se puede considerar como un ánimo defraudatorio". Y alega que las modalidades de pago de los alumnos fueron aceptados por ellos, por lo que no constituyen delito.
