Los partidos de la oposición en las Cortes pusieron ayer en duda el futuro modelo de gestión medioambiental presentado por el consejero Alfredo Boné, tachándolo de opaco y turbio, sobre todo en lo referente a la creación de empresas públicas y a la externalización de las mismas. En la comisión de Economía sobre los presupuestos de Medio Ambiente, el PP habló de "clientelismo" y de un intento de "enmascarar el endeudamiento para evadir el control de la ley presupuestaria"; CHA tachó la propuesta como manera encubierta para la contratación administrativa discrecional; e IU lamentó la falta de consenso.

Unas afirmaciones que sin embargo fueron tajantemente rechazadas por PSOE, PAR y el propio Boné, que negaron cualquier intento de privatización, de vaciado de la consejería o de falta de transparencia. Asimismo, el consejero defendió la constitución de Sodemasa (Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón) e Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) como solución a los problemas, aunque tendió la mano al diálogo y a cualquier sugerencia.

"Este presupuesto que hoy presento no es el presupuesto de la externalización y creo que no se debería jugar con cosas tan claras, porque el Gobierno no está colando nada", dijo.

Tres son los proyectos novedosos que presenta el consejero. El primero es una nueva empresa de gestión de residuos, cuya creación es resultado de un acuerdo alcanzado en las Cortes para el control público tras el caso Euroresiduos . Pero son Sodemasa e Inaga las dos propuestas más polémicas. Sodemasa, que incluye la empresa de residuos, engloba toda la gestión medioambiental. "Esto no quiere decir que sobre ningún funcionario ni que se dupliquen los gastos del departamento", explicó Boné.

Aunque donde más críticas recibió el consejero fue con Inaga, un instituto que pretende agilizar la acumulación de expedientes administrativos, para lo que se "contratará asistencias técnicas para trabajos que no se puedan realizar en la DGA, ya que la plantilla no ha aumentado, y, sin embargo, la normativa actual obliga a una mayor carga administrativa", añadió. Desde CHA anunciaron que presentarán recurso contra este proyecto de ley por no ir acompañado de una memoria económica.