El Partido Popular (PP) y Chunta Aragonesista (CHA) exigirán el lunes la devolución del texto completo de la ley de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). El próximo día 24 finaliza el plazo para presentar en las Cortes las enmiendas a la propuesta de constitución de este organismo de gestión medioambiental, proyectado por el Departamento de Medio Ambiente para descongestionar los expedientes que tiene acumulados. Izquierda Unida ya ha avanzado que presentará una serie de enmiendas, encabezadas por el rechazo hacia la figura elegida para el organismo, una entidad de derecho público. La mayoría absoluta de PSOE-PAR imposibilitará el frenazo a esta ley.

La oposición mostró ayer su absoluto rechazo al Inaga. "Se trata de una entidad que no nos parece la adecuada para gestionar, por eso presentaremos también unas enmiendas de supresión, porque creemos que no se puede mejorar ese texto, sino que debe ser eliminado completamente", señaló Yolanda Echeverría, parlamentaria de CHA.

Desde el PP, Eloy Suárez mostró su disconformidad con el proyecto de ley y se basó en similares argumentos para justificar la devolución. Adolfo Barrena, de IU, exigió ayer que el Inaga sea un organismo autónomo y no una entidad pública "que pueda rozar con el derecho privado". Asimismo, opinó que "Medio Ambiente no puede hacer dejación de sus competencias, mucho menos a una entidad semejante. Porque las posibilidades de control, gestión y sanción deben seguir en la consejería".

Barrena pidió además la garantía de la participación de los trabajadores adscritos al Inaga en la negociación de sus condiciones laborales; y afirmó no entender por qué un representante de un colegio profesional debe formar parte del Consejo de Dirección del instituto.

Por su parte, Yolanda Echeverría hizo hincapié en que el propio departamento que dirige Alfredo Boné no haya corregido antes los problemas. "En ningún momento se han presentado alternativas, como dotar a Medio Ambiente de más personal", lamentó.

ALTERNATIVA DE CHA "Nosotros proponemos una Ley de intervención integral, que incluya los procedimientos de impacto ambiental. Una ley semejante a la aprobada en Cataluña en 1998, por la que se ha creado una oficina de gestión ambiental unificada, que en el caso de Aragón englobaría tanto las actividades del Gobierno como la del ayuntamiento", afirmó la portavoz de CHA.