La Cortes de Aragón aprobaron ayer mediante una proposición no de ley instar al Gobierno central a que ponga los medios jurídicos y económicos necesarios para garantizar la protección y defensa de menores y sus representantes en casos de secuestros fuera del territorio nacional. La proposición, presentada por el PAR y PSOE y a la que se le añadió una enmienda transacional del PP y Chunta Aragonesista, fue aprobada en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes Aragonesas.
La iniciativa fue defendida por Teresa Perales, del PAR, quien dijo que "decenas de niños son sacados cada año de este país a un destino incierto y en ocasiones trágico", hechos para los que no hay legislación al respecto, señaló.
Encarnación Mihi, del PSOE, dijo que el secuestro de menores se utiliza como "objeto de canje" y como vehículo del "odio ciego y el chantaje".
Por el PP, Yolanda Avallés alegó que el Gobierno central no tiene porque hacerse cargo de estas ayudas, mientras que CHA presentó una enmienda con dos puntos al considerar que la responsabilidad debería ser compartida por las administraciones central y autonómica, y esta última hacerse cargo de la tutela de menores en riesgo de secuestro.
