El Gobierno aragonés aprobará hoy, en una reunión extraordinaria, un paquete de nuevas iniciativas para intentar frenar el trasvase del Ebro, en un momento básico para el futuro de esta infraestructura. Con estas medidas, fundamentalmente de carácter jurídico, la DGA responde a la decisión del Ejecutivo de Aznar de acelerar al máximo las obras de la cesión de agua, que se quieren poner en marcha antes de las elecciones del próximo marzo.

Dos días después de que se conocieran las últimas dudas expresadas por la Comisión Europea ante el proyectado trasvase, el Consejo de Gobierno se reúne con carácter extraordinario para dar luz verde a diferentes y nuevas iniciativas dirigidas a intentar frenar la obra. Buena parte de estas medidas será jurídica, como la anunciada ley aragonesa de protección del embalse de Mequinenza y su entorno (uno de los tres pantanos que se quieren usar para regular la cesión).

La batería de acciones está ya perfilada y el Gobierno terminará de definirlas el mes próximo, para empezar a ponerlas en marcha a principios de enero. Será la respuesta más inmediata a los últimos avances del Ejecutivo central respecto al macrotrasvase , cuyas dos primeras obras --que ya han salido a concurso-- se quieren iniciar antes de marzo.

EL INFORME DE BRUSELAS Hace dos días trascendió el informe de la Comisión Europea sobre la cumbre técnica del trasvase que se celebró en octubre en Bruselas. Como ya se publicó ayer, el documento deja patente que el polémico proyecto provoca muchas dudas en las instituciones europeas. Al respecto, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, manifestó ayer que está "convencido" de que la actuación está "atascada" en la capital belga, según Europa Press .

Iglesias evidenció su "tranquilidad y optimismo" al constatar que varios años después de la presentación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en Bruselas "siguen planteándose dudas".

Y es que buena parte de las incógnitas que aún no han sido desveladas, según la Comisión, ya se planteaban en las cartas que la Dirección General de Medio Ambiente, dirigida por Margot Wallström, enviaba al Ministerio de Medio Ambiente solicitando información.

Así, las dudas expresadas ahora por la Comisión sobre los periodos de tiempo analizados para registrar caudales o sobre lo que pasaría cuando no fuera posible trasvasar toda la cantidad prevista o sobre los cambios en la tendencia pluviométrica ya se reflejaban en las diversas cartas que desde Bruselas se enviaron a Madrid el año pasado.

CHA ha exigido, a través de su diputado en el Congreso, José Antonio Labordeta, que la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, explique "urgentemente" los problemas detectados por la UE. "Mientras el Gobierno pone las primeras piedras del expolio, Europa sigue levantando muros de razón contra la barbaridad que, a nuestro juicio, supone el trasvase", dijo Labordeta.