La información sobre un asunto de interés público, y la violencia de género lo es, es un derecho y no una concesión del sheriff de cada condado. Sobre ello hay copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional. Sorprende por ello que el fiscal jefe de la Audiencia de Teruel, Jesús Gargallo, ordenara ayer a la Guardia Civil que prohibiera a la prensa captar imágenes de la reconstrucción del crimen de la Puebla de Híjar incluso con teleobjetivo. Deplorable.
