Los juzgados fuerzan ingresos hospitalarios por tuberculosis

Salud Pública debe recurrir al juez una media de cuatro veces al año para solicitar el ingreso hospitalario de afectados por tuberculosis que se niegan a cumplir con la medicación. La orden judicial en estos casos incluye la búsqueda y captura de los afectados, su hospitalización obligatoria y la custodia policial a la puerta de su habitación si es preciso.

Recientemente se ha materializado un ingreso de este tipo al amparo de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuyo principal objetivo es garantizar la erradicación del foco de una enfermedad transmisible, para salvaguardar la salud del resto de la población.

AFECTADOS MARGINALES Luis Gascón, jefe de Servicio de Promoción de la Salud Pública de la DGA, reconoció ayer que lamentablemente la administración debe recurrir a este tipo de medidas sobre todo con afectados muy marginales, transeúntes o en situación social muy precaria. "Desde la entrada en vigor de esta ley orgánica en 1985 todos los casos en que se ha aplicado en la provincia de Zaragoza han sido relacionado con la tuberculosis. Estos casos suelen ser notificados por los hospitales, que se encuentran con que además de tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, el enfermo pide el alta voluntaria a los pocos días de iniciarse el tratamiento y notar cierta mejoría".

Desde Salud Pública se recuerda que el tratamiento con quimioprofilaxis de la tuberculosis es muy prolongado en el tiempo y puede ir desde seis a doce meses. "El problema con que nos encontramos es que no comprenden la importancia de cumplir con el tratamiento para asegurar que hemos erradicado la infección. Y claro, tras varios días en un hospital, con una cierta mejoría en su estado de salud, piden el alta voluntaria y no quieren saber más".

Esta situación es comunicada por los servicios médicos a Salud Pública, cuyos técnicos intervienen de forma inmediata, hablando con el afectado. Si a pesar de todo no se logra su aceptación, y se marchan del hospital, Salud Pública pone en marcha la ley de medidas especiales. El juez, a su vez, puede ordenar la búsqueda y captura del enfermo para obligarle a permanecer ingresado en un hospital el tiempo necesario. En ocasiones, esta medida suele ir acompañada con la custodia policial a la misma puerta de su habitación.

El ingreso suele prolongarse unas tres semanas, un periodo considerado necesario para que el enfermo deje de ser potencialmente peligroso . A partir de ahí, estas personas se incluyen en un programa específico denominado de Tratamiento Directamente Observado.

"De esta forma lo que hacemos es comprometer al enfermo para que continúe tomándose la medicación, durante los seis o doce meses siguientes. Para eso deben acudir a los servicios de Salud Pública, en este caso en la calle Ramón y Cajal, donde una vez por semana ingieren las pastillas correspondientes delante de un médico o una enfermera".

PACTOS CON EL ENFERMO Para conseguir la fidelidad del enfermo se pactan contraprestaciones, que les incentiven de alguna manera a acudir de forma periódica a Salud Pública. "El tratamiento es complicado, porque su incumplimiento puede acarrear resistencias. Por eso acordamos contraprestaciones, nunca en dinero en efectivo, sino a cambio de un desayuno, de bocadillos, del pago de bonobuses o bien activando los Servicio Sociales para lograr que sean acogidos por mayor tiempo en el albergue de la ciudad.

A este programa de Tratamiento Directamente Observado acuden tanto aquellos con reticencias iniciales a la toma de la medicación, pero que luego han aceptado las recomendaciones sanitarias, como los obligados por una orden judicial.