Defensa intenta evitar el juicio de las indemnizaciones

El Ministerio de Defensa ha suspendido la tramitación de las dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas contra la Administración por familiares de las víctimas del Yak-42, alegando que carece del informe de la comisión que estudia las causas de la tragedia. Un informe cuya fecha de publicación es incierta y que se limita a analizar el siniestro, no las responsabilidades del anterior departamento en asuntos como la contratación de los aviones exsoviéticos o los errores en las identificaciones.

Según explicó a este periódico uno de los abogados del caso, la postura de Defensa obedece al deseo de ganar tiempo para no enfrentarse a un largo proceso judicial. Y, sobre todo, al intento de pactar antes una indemnización amistosa a través de una oferta concreta: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere aprobar una ley para que las familias de los militares muertos en misiones internacionales reciban una compensación económica, que se abonaría a las familias de los 62 militares del Yak con efecto retroactivo.

La cantidad que pretende hacer efectiva el departamento de José Bono asciende a 12.000 euros por fallecido.

A cambio de esta cuantía, Defensa quiere que los familiares retiren las dos reclamaciones patrimoniales, por las que los distintos despachos de abogados que representan a las víctimas exigen a la Administración un total de 55 millones de euros. El acuerdo podría cerrarse mediante un pacto entre caballeros , pero aunque gran parte de los afectados podría aceptar la proposición, algunos ya han manifestado su intención de seguir adelante con el proceso judicial contra el Estado independientemente del acuerdo.

La postura de Bono llama la atención, ya que en su comparecencia del 7 de julio ante la Comisión de Defensa del Congreso dejó claro que el Gobierno del PP sí había sido responsable de lo ocurrido.

Eso sí, el ministerio ha abandonado ya su idea inicial de compensar económicamente a las familias a cambio de retirar, además de estas demandas patrimoniales, las denuncias penales presentadas ante la Audiencia Nacional contra los dos generales que firmaron las identificaciones.