El Gobierno de Aragón cifra en 13 millones de euros las demandas salariales de los profesores de la Administración autonómica. Estas fueron las cuentas internas manejadas por la DGA durante la negociación del conflicto sanitario, previendo que un acuerdo en la Sanidad abriría la puerta a otras demandas sectoriales. Según información interna del Ejecutivo aragonés, la DGA valoró las dos grandes reivindicaciones del sector docente --la homologación salarial con el resto de las comunidades y la reducción de jornada para los mayores de 54 años--, en esta cifra global. Estos cálculos los realizó la Consejería de Economía, que también lanzó una advertencia a los negociadores del Salud: "En el caso de que los docentes vean que los médicos vuelven a conseguir grandes mejoras retibutivas, se irá a máximos en el sector educativo".
En vísperas de que se aborde con los sindicatos la equiparación salarial de los 11.000 profesores y maestros, este diario ha podido saber que el Ejecutivo ha cuantificado el coste de la homologación salarial con el resto de las comunidades autónomas en algo más de dos millones de euros. Este es un compromiso que el Gobierno de Aragón ya firmó en los pactos de los años 1999 y 2000 y que todavía no ha cumplido.
La propuesta de reducción de jornada para los mayores de 54 años, una de las demandas tradicionales de los docentes, se valora en 11 millones de euros. La DGA apuntó la posibilidad de reducir el impacto fragmentando esta cantidad en varios ejercicios, tal y como se acaba de hacer en el acuerdo sanitario.
El consejero de Economía del Gobierno aragonés, Eduardo Bandrés, se refirió también ayer en los pasillos de las Cortes a las demandas de los funcionarios y aseguró que el objetivo es que "todos los empleados públicos tengan un equivalente retributivo a la media de las comunidades autónomas". En este sentido, Bandrés se mostró dispuesto a dialogar y a cumplir "todos los pactos".
"Cualquier mesa es buena para dialogar", indicó el responsable de Economía, refiriéndose a la petición de UGT, CC.OO. y CSI-CSIF de la convocatoria de la mesa general de Función Pública. Sin embargo, añadió que la negociación "no se puede plantear ahora igual que hace 20 años".
