Los juzgados aragoneses contarán con menos vigilancia privada y peor dotada desde el próximo mes de abril, en virtud de una orden del Ministerio de Justicia que afecta a todo el territorio nacional. La medida se enmarca en un plan no declarado de reducción de gastos mientras se negocia la transferencia de competencias con varias comunidades autónomas.

En Aragón, los cambios afectarán a todos los edificios judiciales, donde los vigilantes jurados dejarán de llevar su pistola reglamentaria, al tiempo que se reducirán los efectivos en los juzgados de la plaza del Pilar, al pasar de siete a cuatro y se incorpora a dos auxiliares cuyas funciones serán "meramente informativas", según fuentes sindicales. Además, la nueva política ministerial incluye la desaparición de la vigilancia privada en aquellas ciudades que cuenten con menos de tres órganos judiciales, todas las de la comunidad menos las tres capitales de provincia.

PROTESTA Esta reducción de la seguridad ha provocado la protesta de la junta de personal de los funcionarios de Justicia de Zaragoza, que hace cinco meses ya reclamaron el incremento de vigilancia para extenderla a todas las dependencias judiciales de la comunidad.

Por su parte, el juez decano, Mauricio Murillo, que había solicitado el incremento de vigilantes en los juzgados de la plaza del Pilar, se ha dirigido al ministerio para que resuelva el problema de desprotección que se originará a partir del próximo mes.

Las fuentes sindicales citadas explicaron que la decisión de que los vigilantes no lleven pistolas para que el ministerio se ahorre el plus de peligrosidad "será poco efectiva, ya que los juramentados antes de 1995 ya perciben ese plus (120 euros mensuales) con independencia de que presten su servicio con armas".

Luis Casero, presidente de la junta de personal y responsable de CCOO en los juzgados, considera que la decisión del ministerio de reducir gastos en seguridad ahora "es una trampa para las autonomías que negocian las transferencias de Justicia para reducir su dotación presupuestaria, pero no la única".

En este sentido, Casero señaló que el ministerio también ha decidido suprimir aquellas plazas que, aunque están dotadas económicamente, no están cubiertas en la actualidad, por excedencias o por otros motivos, "con independencia de si son necesarias a no".

En opinión de Casero, otra de estas "trampas" es la propia oferta económica realizada a los funcionarios en las actuales negociaciones, "ya que se pretende que el 90% de la misma se abone en los años 2006 y 2007, cuando se hayan ejecutado las transferencias y corresponda pagarla a las autonomías".