El Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales ha provocado un duro conflicto en el Ayuntamiento de Zaragoza que lleva camino de enquistarse y que ha supuesto un divorcio entre agentes y políticos. Los primeros se han movilizado después de dos años sin que la corporación haya convocado la Mesa de la Policía para debatir el nuevo texto legal y ante la evidencia de que pretende aprobarse en las Cortes sin contar con la opinión de los afectados.
El punto de confrontación, según los sindicatos, es la segunda actividad que se creó hace 12 años, similar a la del resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Si inicialmente se pretendía prolongar la vida laboral de los policías, al pasar la segunda actividad de los 55 a los 58, lo que se quiere ahora es suprimirla de un plumazo y que todos los agentes tengan un destino a esa edad y hasta la jubilación", dice Tomás García, de CSL-CIPOL, sindicato mayoritario.
Otro motivo de fricción del futuro texto legal es la limitación a la promoción profesional, ya que se pretende que las plazas de subinspector e intendente se convoquen por concurso libre. Los agentes quieren que sean por oposición interna.
Rechazo unánime
En el rechazo a este proyecto coinciden todas las organizaciones con presencia en el Cuerpo. Además de CIPOL, secundan las movilizaciones UGT, CCOO, OSTA y CSIF. Ayer, 19 policías participaron en una carrera por relevos desde Huesca a Zaragoza y la denominaron memorial Paco Catalá , en alusión al diputado socialista ponente de la ley. El último kilómetro de recorrido, entre la plaza de Europa y la sede del Gobierno aragonés, lo hicieron 50 agentes.
No es Catalá el único político socialista que suscita las iras de los agentes. "Desde que Carlos Pérez Anadón fue designado delegado de Policía Local, hace dos años, no se ha vuelto a reunir la Mesa de la Policía. No es que estuviéramos contentos con el PP en el equipo de Gobierno municipal, pero al menos había diálogo. El sistema de ahora es la prepotencia", explicaron fuentes sindicales.
La respuesta municipal ante estas movilizaciones ha endurecido la polémica y los sindicatos han denunciado intentos de intimidación por parte del propio Pérez Anadón y del concejal de Movilidad Urbana, Jesús Sarría, por querer vulnerar derechos sindicales de reunión y asamblea con motivo de la concentración realizada el pasado 24 de febrero ante las Cortes.
Los agentes responsabilizan en última instancia de la falta de diálogo en el ayuntamiento al alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, que el pasado día 11 tuvo que soportar la mayor bronca de su mandato cuando los agentes acudieron al pleno municipal.
Así las cosas. los sindicatos han comenzado a denunciar otros conflictos en el Cuerpo, como la eliminación en la nómina del subsidio que cobran desde hace años los funcionarios que tienen a su cargo personas con minusvalías, de la que responsabilizan al edil responsable de Régimen Interior, Florencio García Madrigal. o el incumplimiento del convenio en la entrega anual de vestuario. Desde el 2003, los agentes no han recibido ni una prenda.
