La empresa La Ambulancia Azul, anterior proveedora de los servicios de transporte urgente sanitario en Aragón, ha denunciado la actuación de la Consejería de Salud del Gobierno aragonés alegando que fue obligada a terminar su contrato ante una "situación forzada e insostenible" debido a que el presupuesto para llevar a cabo el servicio estaba infravalorado. La empresa ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el Salud, que si no se resuelve a su favor, desembocará en una denuncia penal.
En un comunicado firmado por Emilio García Arias, consejero delegado del grupo La Ambulancia Azul, se considera que ha habido "un atropello absolutamente injustificado", que puede hacerles "desaparecer como empresa".
En el documento se relata que la Ambulancia Azul trató de hacer cambiar las condiciones de su contrato debido a circunstancias "sobrevenidas" ajenas a la empresa --entre las que cita el incremento del precio del petróleo o necesidad de reforzar servicios con más medios humanos y equipamientos-- reconocidas por la propia Administración. No obstante, ésta no accedió a la revisión aunque, según García Arias, "era viable legalmente".
La negativa aboca a "la suspensión de pagos, impago de sueldos y liquidación y quiebra técnica de la sociedad", y "a la resolución del contrato, con fecha 15 de diciembre del 2004". Tras esto, la Ambulancia Azul ha constatado que sus "informes técnicos y análisis de costes han sido recogidos por la Administración para formalizar un nuevo concurso (...) en el que se ha observado la actualización solicitada por activa y por pasiva" por esta empresa.
Además de denunciar las carencias que, a su juicio, presenta la empresa que actualmente presta el servicio y que, según aseguró el martes la consejera Luisa María Noeno, no estará totalmente operativa hasta abril, García Arias concluye expresando el temor de que su protesta supondrá "la pérdida del contrato" que mantienen en la modalidad de transporte programado.
