L a huelga de celo de la Policía Local de Zaragoza ha hecho que desde hace casi cuatro meses apenas se estén formulando en la capital aragonesa denuncias jurídicamente válidas para imponer sanciones por infracciones en el aparcamiento de vehículos en zona azul.

Los agentes, según confirmaron fuentes de los sindicatos UGT y CSL, eluden en la gran mayoría de las ocasiones extender durante sus patrullas el certificado de autenticidad sobre los talonarios de denuncias de los vigilantes con el que el consistorio y la empresa concesionaria daban por ratificados policialmente los boletines de los guardas privados. De esta forma, la inmensa mayoría de las denuncias colocadas en los parabrisas de los automóviles en Zaragoza desde diciembre carecen de validez jurídica para servir de base a una sanción económica.

Los intentos de EL PERIODICO para recabar ayer la versión de un responsable de Dornier resultaron infructuosos. Un portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza señaló que es la concesionaria quien controla el volumen de denuncias que ponen los vigilantes. Fuentes sindicales indicaron que, aunque carecen de datos concretos, las multas sin ratificar desde que arrancó la huelga de celo serían "miles".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que las denuncias de los vigilantes de las áreas de estacionamiento restringido no tienen suficiente carga probatoria como para imponer, basándose sólo en ellas, una sanción. El motivo es que, al no ser policías, los guardas privados carecen de la presunción de veracidad , por lo que si el contenido de los boletines no es ratificado por un miembro de las fuerzas de seguridad su valor de prueba es nulo.

Por el contrario, las denuncias interpuestas por los miembros de las fuerzas de seguridad --Guardia Civil y policías Nacional, Local y autonómicas-- sí pueden ser utilizadas por la administración para, sin más, fundamentar una sanción.

80% MENOS Los policías locales zaragozanos desarrollan desde diciembre una huelga de celo --sólo formulan denuncias en caso de conductas temerarias o si actúan por requerimiento de un ciudadano-- para protestar contra el proyecto de ley que regulará estos cuerpos en Aragón. También están enfrentados con el equipo de gobierno municipal después de que sus representantes no hayan sido recibidos en dos años. Esta situación ha provocado un notable descenso de las multas en la capital aragonesa. En algunos casos, como las impuestas por los motoristas, la cifra del pasado mes de febrero es inferior en un 80% a la del año anterior.

Con todo, estos días el bolsillo del ciudadano sí está notando una directriz del actual equipo de gobierno. Hasta hace poco más de un año, los coches estacionados en zonas señalizadas para actividades puntuales --procesiones y mudanzas, entre otras-- eran trasladados a calles cercanas por la grúa sin coste para el propietario del vehículo, al que se le dejaba un aviso en un adhesivo. Sin embargo, hace unos meses cambió la orden: los agentes debían multar al turismo por estacionar en zona prohibida y contactar con la grúa para que lo trasladara al depósito municipal, con lo que el dueño del automóvil tiene que pagar la multa y el servicio de la grúa. Fuentes sindicales explicaron que la sanción es legal al tratarse de zonas señalizadas, aunque apuntaron que la consigna podría deberse a que Dornier cobraba al consistorio los traslados, por cortos que fueran.