Los aragoneses podrán acceder a la información que volcarán las Administraciones públicas en los nuevos registros públicos urbanísticos durante los próximos meses. El acceso podrá realizarse de forma individual y por medios telemáticos y permitirá conocer todo tipo de datos actualizados sobre planeamientos urbanísticos en los 731 ayuntamientos de la comunidad, según explicó ayer en las Cortes la directora general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Nuria Mas.

En su intervención, Nuria Mas explicó que se crearán los registros de convenios urbanísticos, de patrimonio público y de programas urbanísticos, que a su vez incluirán documentación sobre parcelaciones ilegales, todos los planeamientos urbanísticos parciales y totales de todos los ayuntamientos, las agrupaciones de interés urbanístico, las juntas de compensación, los urbanizadores y las entidades de compensación. El objetivo es procurar para los ciudadanos el acceso a una "participación real" en los asuntos de las Administraciones públicas, de ahí que estos registros sean de consulta gratuita. Mas confió en un "rápido desarrollo" de la ley para optimizar las condiciones de vida de los ciudadanos. La directora general afirmó que se ha mejorado la comunicación de los ciudadanos con las Administraciones públicas.

"Esta ley es farragosa y prolija", dijo el portavoz del PP, Antonio Torres, quien criticó la Ley de Urbanismo porque "no hay sencillez de interpretación" y porque "se pierde protección de las propiedades más pequeñas". Esta ley "nace en un momento determinado y está desfasada porque no contribuirá a recuperar el sector constructor", lamentó Torres.

Desde CHA, Bizén Fuster espetó a Mas que esta Ley es una norma que "entra en todo" y que con la ley se ha hecho Wmás complejo el entendimiento y la transparencia del Urbanismo". Además, dijo tener dudas sobre sobre si se podría evitar un caso de corrupción urbanística como el de La Muela con esta ley.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena trasladó su malestar con la "escasa participación ciudadana" y con la dualidad que se ofrece al propietario, ya que "o entra en un convenio urbanístico o se le expropia". Barrena también preguntó por la concreción en si un proyecto es de interés para la comunidad, porque, a su entender, se toman decisiones "de gran trascendencia", que se toman "en el Pignatelli directamente".