El nuevo consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno aragonés, Mario Garcés, ha anunciado hoy que su departamento va a acometer una Ley de Estabilidad para fijar un techo del gasto público, y un plan de viabilidad de las empresas públicas de la Comunidad. El titular de Hacienda ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras jurar su cargo junto al resto de miembros del gabinete de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en un acto protocolario celebrado en la sede del Ejecutivo aragonés. Garcés ha comentado que su consejería presentará los primeros planes de viabilidad de empresas públicas aragoneses entre los próximos meses de septiembre y octubre, una iniciativa que, según ha afirmado, constituye uno de los temas "más delicados" a los que se enfrenta al inicio de su mandato y que más "controversia" suscitará. A su juicio, "en España ha habido una clonación de entidades instrumentales, fundamentalmente destinadas a obras hidráulicas, medioambientales y agrarias, pero el problemas es que ahora hay demasiadas". Ha comentado que antes de tomar decisiones sobre estas sociedades y fundaciones se valorará sus cuentas de resultados, aunque ha precisado que el primer dato a analizar será la situación de los trabajadores en cada una de estas empresas "para que no haya ningún perjuicio, en la medida de lo que sea posible". Aunque no ha adelantado que soluciones prevé aplicar su departamento, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que "es evidente que desde la perspectiva de un contexto de austeridad, no todas deberían permanecer". Ha añadido, además, que el Gobierno no se ha planteado abordar la situación de estas empresas en función de criterios cuantitativos, sino analizar cada una de ellas y tomar decisiones de acuerdo a las conclusiones obtenidas. Garcés ha insistido en que su objetivo no se dirige a la destrucción de empleo en estas sociedades, subrayando que "he sido delegado sindical, y si alguien cree en el empleo público ese soy yo". En relación a las medidas previstas para hacer frente a la situación económica actual, el consejero ha anunciado la inmediata puesta en marcha de un "plan de choque", coherente con lo anunciado por la presidenta Rudi en su discurso de investidura, quien defendió la aplicación de ajustes presupuestarios y fiscales. En este sentido, ha informado de la elaboración de una Ley de Estabilidad Autonómica, con el objetivo, según ha afirmado, de "poner un techo para limitar el exceso de gasto que ha habido en los últimos años en Aragón y establecer un límite al endeudamiento". Ha afirmado en relación a este punto que las familias aragonesas deben en la actualidad más de 10.000 euros, "si tuviéramos que liquidar todo el saldo de la deuda viva existente en la Comunidad".