La Fiscalía pide ocho años de cárcel y multas que suman 32.400 euros para Vicente Sánchez Izquierdo, propietario de la constructora Covington, al que imputa un delito de estafa y otro de insolvencia punible por el episodio de la urbanización Entre Pinos de la localidad oscense de Villanúa, una promoción inmobiliaria en la que 108 familias se dejaron, a principios de la pasada década, tres millones de euros en señales y adelantos por unos chalets que no recibieron. Muchos lograron habitarlos años después, tras pagar de su bolsillo la finalización de las obras.

El ministerio público también reclama seis años de prisión y 16.200 euros de multa para Jorge Álvarez Fernández por estafa. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza el próximo mes de enero para responder de los cargos por el mayor fraude inmobiliario investigado en el Pirineo, en el que el letrado Carlos Moreno reclama, en representación de varios afectados, la misma condena que el fiscal.

Los dos acusados y la esposa de Sánchez fundaron en 1997 la empresa Covington, promotora de la urbanización y que contrató en diciembre del 2000 la construcción con una firma llamada Garnasa al tiempo que suscribía con el BBVA una hipoteca para financiar la operación y con ACC una póliza de caución. Entre 1999 y el 2002 se fueron formalizando los contratos privados con los 108 futuros compradores, que entregaron 1,8 millones de euros al subrogarse en la hipoteca y aceptaron letras por valor de 1,2. La promotora debía ingresar esas cantidades, señala la Fiscalía, en una cuenta intervenida por ACC "y cuyo destino exclusivo era el pago de la obra".

PARÓN Sin embargo, los trabajos se pararon en julio del 2002 al dejar Covington de pagar a Garnasa, lo que derivó en un pleito que incluyó el embargo de los chalets. La promotora suspendió las obras y rescindió el contrato con la constructora al tiempo que resultaba impagado el crédito hipotecario, lo que hizo que los propietarios, ante el temor a las ejecuciones, instaran pleitos para escriturar las viviendas.

Garnasa cobró con cargo al préstamo hipotecario 5,61 millones que no resultaron suficientes para liquidar sus trabajos. Paralelamente, indica Fiscalía, se descubrió que en la cuenta que debía recibir las señales "no existía saldo alguno" por haberlo "derivado a otros fines" los imputados, a los que atribuye un "plan preconcebido" para lucrarse con las aportaciones de los clientes.