La reducción de las condenas a los traficantes de droga, vigente desde el 23 de junio del año pasado, y el tesón que las fuerzas de seguridad y la judicatura pusieron en la resolución de un caso han terminado provocando una rocambolesca situación en la que, tras un costoso --en euros-- proceso, un narco dominicano terminará saldando con menos de medio año de reclusión un asunto por el que se enfrentaba a una petición de once de condena.

Eugenio S. A., alias Gato, se dedicaba en el 2007 a traficar con cocaína en Zaragoza junto con un grupo de compatriotas. En ocasiones hacía de correo e iba a Madrid a buscar el estupefaciente que después distribuían en la capital aragonesa y también guardaba droga en su domicilio. Fue uno de los nueve detenidos en la Operación Fortunato, desarrollada en octubre del 2007 por la Guardia Civil, cuyos agentes intervinieron en su casa 310 gramos de cocaína de una pureza de entre el 17% y el 34%.

Sin embargo, logró darse a la fuga antes de la celebración del juicio, en el que la mayoría de los acusados fueron absueltos.

Las pesquisas de las fuerzas de seguridad permitieron localizarlo a principios de este año en la República Dominicana, cuyas autoridades ordenaron su detención. Pasó en prisión cuatro meses, hasta que Interpol tramitó su entrega a España, a donde llegó a mediados del mes pasado para ser trasladado a la cárcel de Zuera y puesto a disposición de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ayer lo juzgó.

La Fiscalía pidió once años de prisión para los acusados que ocuparon el banquillo en el primer juicio. Sin embargo, la modificación legal le obliga a reducir la solicitud ya que la pena máxima por narcotráfico ha bajado de nueve años a seis y la agravante de ser miembro de una organización solo es aplicable ahora a los grandes clanes y bandas, pero no a grupos como el suyo. El ministerio público pidió cinco años de cárcel y 10.000 euros de multa.

Eugenio S. A. confesó los cargos en el juicio celebrado ayer, lo que le supondrá en la práctica recuperar la libertad. Al no tener papeles y no superar la pena el lustro de duración, debe ser sustituida por la deportación con la prohibición de regresar a España en diez años. En unas semanas volverá a cruzar el charco, de nuevo con cargo a las arcas públicas, para ser libre en su país.