El magistrado del juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza investiga, tras presentar una denuncia la Fiscalía de la Audiencia Provincial, los expedientes con los que el Gobierno de Aragón adjudicó en abril del 2004 las contratas del servicio de transporte sanitario no urgente en la comunidad cuya posterior resolución han declarado ilegal tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como el Supremo. Esos contratos forman parte de los 26 en los que el Tribunal de Cuentas halló indicios de delito. La delegación del ministerio público en el órgano fiscalizador los remitió a Zaragoza.
