El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad una moción para impulsar un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar, sin plazos como ha pedido el PP, una propuesta conjunta que sirva de base al Gobierno de Aragón para redactar la futura Ley de Capitalidad de Zaragoza. El pleno ha apoyado este texto, derivado de una moción presentada por IU, que en principio había aceptado una transacción para establecer un plazo en la elaboración de una propuesta sobre la Ley de Capitalidad y finalmente ha invitado al PP a hacer su propia propuesta para votarla. No obstante, el portavoz de IU, José Manuel Alonso, ha criticado que el PP no acepte un plazo porque lo único que "esconde" es no poner en un "brete" al Gobierno de Aragón presidido por la popular Luisa Fernanda Rudi para no tener prisas a la hora de tramitar una ley que la ciudad necesita "perentoriamente". Para Alonso, Suárez actúa de "forma absolutamente obediente" con Rudi. Sin embargo, el portavoz del PP, Eloy Suárez, ha criticado que lo que no ha resuelto en ocho años el alcalde, Juan Alberto Belloch, estando al frente del Gobierno de Aragón el socialista Marcelino Iglesias, tenga que resolverse en tres meses, "una broma de mal gusto", ha subrayado. Por su parte, el portavoz de CHA, Juan Martín, ha destacado que la Ley de capitalidad es una cuestión "central" para el futuro a medio y largo plazo del Ayuntamiento que requiere de un consenso "mínimo", porque en caso contrario puede darse la "anomalía democrática" de que el Ayuntamiento tenga que asumir un texto redactado por el Gobierno de Aragón con un grupo, el PAR, que no tiene representación en el Consistorio. En la exposición de motivos, IU recuerda que el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que Zaragoza, como capital de Aragón, dispondrá de un régimen especial establecido por ley de las Cortes de Aragón. Esta exigencia legal, agrega IU, respalda los argumentos que de forma unánime han manifestado en el pleno del Ayuntamiento todas las fuerzas políticas hacia la necesaria revisión y "deslinde" del marco de competencias concurrentes entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, con especial atención a las impropias. También hacia la modificación del sistema de financiación municipal con aportación de recursos estables y suficientes y la necesidad de considerar las peculiaridades propias de la ciudad, que concentra más del 50 por ciento de la población de Aragón.