La plataforma Antiprivatización de la Sanidad de Aragón se concentró ayer por la mañana en las instalaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, en denuncia de una posible venta de hospitales y otros centros sanitarios. Esta protesta, que se une al resto de movilizaciones por todo el país, se produjo por la posible aprobación parlamentaria con la que se entregarán a las comunidades autónomas 600 inmuebles y equipamientos de asistencia sanitaria. "Las comunidades podrán venderlos a empresas privadas, utilizarlos con fines especulativos o dedicarlos a un uso no sanitario", afirmaron desde el colectivo, que reivindica el respeto el patrimonio de la Seguridad Social, cuyos centros --afirman-- fueron construidos con cotizaciones sociales, y que se impida la realización de negocio alguno con el mismo.
