La justicia ha dado un nuevo varapalo a la gestión del transporte sanitario que llevó a cabo el Gobierno de Aragón hace dos legislaturas. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló la rescisión de contrato con la que la DGA quitó a La Ambulancia Azul el servicio de traslados no urgentes en Zaragoza --una contrata de 25 millones de euros a ejecutar en cuatro años, del 2004 al 2008-- y se incautó de los 183.405 euros que la empresa había depositado como garantía.
Los dos tribunales coinciden en señalar que la resolución del Departamento de Salud, dirigido en aquella época por Luisa María Noeno, no tiene validez porque tardó tanto en cerrar el expediente que este caducó: lo abrió el 26 de agosto del 2005 y lo cerró el 25 de agosto del 2006 cuando tenía tres meses. "Debió acordar la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones", señala el TSJA y respalda el Supremo.
"La resolución que resuelve el contrato no existe, y así no sería válida la suspensión cautelar ni la incautación de la fianza", indicaron fuentes jurídicas.
La contratista era Ambulancias Moncayo --una UTE liderada por La Ambulancia Azul--, a la que Salud le abrió el expediente cuando apenas había ejecutado un año y medio de los cuatro que debía durar la contrata. La DGA se basó en supuestas deficiencias en el servicio y la apartó cautelarmente del mismo poco antes de otorgárselo a otra firma.
Poco antes se había visto en la misma situación Ambulancias San Jorge, otra UTE liderada por la misma compañía que prestaba el servicio de transporte sanitario no urgente en Huesca. El TSJA y el Supremo también anularon la resolución que resolvía el contrato al observar que la DGA se había excedido en los plazos.
CONCURSO DE ACREEDORES Tanto la matriz como las dos UTEs --también la que operaba en Teruel-- se encuentran en concurso de acreedores como consecuencia de la crisis iniciada tras la resolución de esas contratas, que les llevó a dejar de operar en el sector. Sus responsables están preparando reclamaciones patrimoniales en las que solicitarán al Gobierno de Aragón indemnizaciones que, juntas y basándose únicamente en el llamado beneficio industrial que dejaron de percibir, superarían los seis millones.
Ese dinero iría a parar a los acreedores del concurso. También pedirán a la DGA que les devuelva las garantías incautadas.
La tercera UTE del grupo --Ambulancias Teruel-- ganó hace unas semanas, también en el Supremo, otro pleito que declara ilegal la adjudicación del servicio de transporte sanitario urgente --por 45 millones-- a una UTE liderada por Ambuibérica en el 2005 porque no tenía suficientes vehículos. La DGA debe indemnizar a La Ambulancia Azul con más de cinco millones.
