Los problemas de mantenimiento del centro histórico fueron protagonistas en la visita que el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, realizó ayer a Teruel en la que se reunió con carácter protocolario con el alcalde de la ciudad, Manuel Blasco, y la presidenta de la Diputación Provincial, Carmen Pobo.
En la reunión con el alcalde, más larga de lo previsto en una visita de cortesía, se trató la problemática que tiene para los ayuntamientos la Ley Urbanística de Aragón y la de Patrimonio por los obstáculos que genera tanto para el gobierno municipal como para los propietarios y vecinos.
Casas abandonadas y en ruinas así como solares en malas condiciones son, en cierta medida, consecuencia de la protección ambiental en edificios que, aun carentes de valor patrimonial por sí mismos, tienen que ser mantenidos al menos en sus fachadas. Un ejemplo lo puso el alcalde. Se trata de un edificio en ruinas pero "no en ruina inminente" en la calle del Tozal cuya cubierta se hundió recientemente. El edificio, dijo el alcalde, no puede ser derribado y las condiciones de protección obligan a mantener la fachada.
En este sentido, Blasco planteó la necesidad de modificar ambas normativas para que no frenen la renovación de los inmuebles sobre los que no se actúa por los obstáculos existentes y se deterioran más ocasionando riesgos para los viandantes.
También en su entrevista con la presidenta de la Diputación Provincial, Carmen Pobo, se trató la problemática de los centros históricos y su protección especialmente en la zona del Maestrazgo y también los problemas que tiene para sus habitantes las comunicaciones, tanto por carreteras con baches y problemas de asfaltado, como las de banda ancha que dificultan el acceso a internet en la zona.
El Justicia resaltó la atención recibida por la Diputación Provincial a las quejas de los ciudadanos. En este sentido expuso una problemática que se generaba por los servicios de recaudación de los impuestos municipales de muchos Ayuntamientos. Concretamente del IBI que pasaban las facturas pendientes a nuevos propietarios cuando se habían producido cambios de titularidad, un problema resuelto.
García Vicente también recibió a tres personas de Albarracín cuyas quejas se refirieron por una parte a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la falta de limpieza del cauce del río Guadalaviar y por otra al ayuntamiento de la localidad por la forma de pasar los recibidos de agua y basura ya que lo hacen de forma global a la urbanización y no individualizada lo que origina problemas con algunos morosos.
