Desde que fue elegido, a finales del año 2008, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), sus miras van dirigidas a reforzar el carácter reivindicativo del ciudadano como agente económico en las más altas esferas de la Administración nacional y europea, sin dejar de lado la defensa de los derechos de los consumidores aragoneses. En un momento de crisis como el actual, lamenta que Consumo esté desapareciendo incluso de las nuevas denominaciones de las consejerías derivadas del cambio de color político.

--¿Qué está pasando con el consumo de las familias?

--El verdadero elemento débil de la actual crisis económica no es la deuda, sino el consumo interno. Y la economía española no se está recuperando porque, por un lado, el gasto público se ha paralizado y, por otro, ha caído el de las familias. Y es que la solución no está en atacar al poder adquisitivo y premiar el sistema productivo. Porque se está olvidando que por mucho que la Opel, pongamos por caso, fabrique coches, tiene que haber alguien que los compre. Y, de momento, los discursos políticos que estamos oyendo no reconocen la verdadera realidad, que el consumidor es fundamental.

--Ante este panorama, ¿Ve alguna solución?

--Si el clamor es el de congelar salarios mientras, simultáneamente, se suben las tasas, la luz o el agua, pues no. Ni si continúa el actual sistema de distribución alimentaria, por ejemplo, que solo beneficia a los intermediarios, tal y como se comprobó con la crisis del pepino, en la que los precios cayeron hasta un 80% para el agricultor mientras en los supermercados se mantenía. Porque hay algo que funciona mal en España. Y es que no existe una verdadera competencia, ya que tanto la distribución como los servicios básicos ciudadanos, desde la telefonía a la luz, están en manos de tan solo cinco compañías.

--Entonces, ¿cuál es el papel del ciudadano en el mercado?

--El cambio de ciclo político que se ha producido en Aragón y se avecina a nivel estatal tiene que beneficiar al consumidor y decidir si sigue como un mero súbdito de la Administración y las grandes empresas o, efectivamente, es soberano en sus decisiones. Pero para poder optar y ejercer la soberanía tiene que haber, como mínimo, una libre competencia.

--¿Hacia dónde irían encaminados los primeros pasos a realizar para cambiar esta situación?

--La gran pelea, tanto regional como sobre todo nacional, es que al consumidor se le reconozca como agente económico al mismo nivel que empresas y sindicatos. Formamos parte del Consejo Económico y Social estatal, que no el aragonés, pero no es suficiente. Y en los ministerios, el nivel de interlocución está a años luz de lo que debiera ser. En los programas electorales de los pasados comicios, ningún partido se hizo eco de los consumidores. E incluso estamos desapareciendo de las denominaciones ministeriales o de los propios departamentos de los gobiernos autonómicos.

--En este nuevo panorama de futuro que presenta, ¿cuál sería el papel de las asociaciones de consumidores?

--La Unión de Consumidores de España (UCE) y la de Aragón (UCA) no son organizaciones de servicios. No solo nos dedicamos a atender reclamaciones individuales, sino que representamos y defendemos al consumidor ante las distintas decisiones de la Administración, ejerciendo para ello acciones colectivas. Otras empresas, como puede ser Legálitas o algunos despachos de abogados, ya asesoran sobre reclamaciones o vivienda. Nosotros debemos ir más allá.

--¿A qué se refiere?

--En las distintas comunidades autónomas se gestiona sobre consumo porque se tienen las competencias, pero donde de verdad se toman las decisiones empresariales decisivas, se aprueban normativas y legislaciones complicadas es en Madrid. Y en ocasiones, el escenario sobrepasa el ámbito nacional. Y es ahí donde debemos estar, teniendo en cuenta que a los consumidores nos afecta prácticamente la totalidad de los movimientos y servicios que ofrece el mercado. Porque somos un eslabón fundamental para que exista.

--Le nombraron presidente de la UCE tras una votación. ¿Qué es lo que se espera de su trabajo?

--Vamos a luchar por defender al consumidor y por introducirlo en la agenda política como concepto transversal. Si se habla, por ejemplo, de hipotecas no se puede prescindir del ciudadano.

--Desde esa perspectiva, ¿En qué situación se encuentra España con respecto al resto de Europa?

--Por delante. En algunas directivas europeas se consideran trabas al comercio interior derechos que aquí ya tenemos. Como los servicios de atención al cliente o la garantía de dos años de los electrodomésticos.