La Carta de Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa parece haber entrado con buen pie en los colegios. La nueva normativa para regular la convivencia escolar, que entró en vigor a finales del pasado mes de abril, ha arrojado "sensaciones positivas" en la mayoría de sectores educativos, a pesar de que apenas tuvo dos meses para aplicarse antes de que concluyera el curso.

Aunque la mayoría de integrantes de la comunidad escolar aseguran que el próximo curso será el "determinante" para evaluar la aplicación en los centros de la nueva normativa, desde el Consejo Escolar de Aragón se advirtió de que profesores y padres han acogido "con agrado" el decreto. Pero el propio organismo profundizará en la evaluación de la norma a partir de septiembre, cuando cuestionará a los colegios, que han tenido que adaptar sus Planes de Convivencia y sus Reglamentos de Régimen Interior a esta normativa, acerca de las incidencias surgidas a raíz de la implantación del nuevo texto para, posteriormente, remitir a la Administración propuestas y conclusiones.

NORMATIVA La Carta de Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa establece, entre otras cosas, una calificación de las faltas como graves y leves y se tipifican. Se incluyen las faltas relacionadas con el mal uso de las nuevas tecnologías (móviles y redes sociales) y se regulan todos los pasos a seguir en cualquier proceso sancionador, en el que adquiere una especial relevancia la figura del mediador en un procedimiento conciliador.

Asimismo, la normativa acorta a la mitad--los más graves pueden estar resueltos en quince días-- los plazos para resolver los conflictos y en el caso de expulsiones, aumenta de 3 a 5 los días lectivos los casos que no requieren expediente, mientras que se mantienen hasta 20 días lectivos, las graves.

En el anterior procedimiento la apertura de un expediente disciplinario podría suponer que el caso no se resolviera en meses. Ahora, la medidas correctoras se ejecutan de forma inmediato, independientemente de que se presente recurso ante la dirección provincial. El nuevo texto se aplicó ya en casos como la denuncia de agresiones realizada por alrededor de una veintena de padres de alumnos del colegio Cándido Domingo.