Una de las cuestiones que a corto o medio plazo podría generar más tensión entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza es la última ampliación de capital de Plaza, por valor de 20 millones de euros, ya que el consistorio se está planteando si finalmente hará frente a su parte o renuncia a ello. Si diera un paso atrás se sumaría a las negativas dadas por Ibercaja y CAI a afrontar esta nueva inyección de dinero, tan necesaria para disponer de liquidez y hacer frente a los 17 millones de euros que una sentencia judicial le obliga a pagar a Gazeley por la recompra de una parcela. El problema es la situación en la que dejaría a la propia sociedad público-privada en caso de renunciar a hacer frente a este pago. Y es que si la DGA se queda sola, teniendo el 51,52% del accionariado, tendrá muy difícil sacar a flote la actividad de Plaza.
