El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha cuestionado el proceso de tramitación de las obras ya inauguradas de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, a su paso por Gran Vía y Fernando el Católico, y ha reclamado del Ayuntamiento "mayor transparencia" en futuros proyectos. Así lo expone en una sugerencia al Consistorio zaragozano hecha por el Justicia, en respuesta a una queja de una persona que denunció las graves afecciones causadas a ambos bulevares en el proceso de construcción de un carril bici en paralelo a la línea del tranvía, cuya planificación no se llevó a cabo previamente. Para García Vicente, unas obras de gran repercusión para la movilidad en la ciudad como el tranvía y el carril bici, con afecciones, en su opinión, "irreversibles", deberían haberse concretado antes en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o con un Plan Especial, como aconseja la norma urbanística en Aragón. Asegura, además, que las referencias al tranvía y a la bicicleta que se hacen en el PGOU amparan la ejecución directa de las obras mediante un simple proyecto de urbanización, "son insuficientes y carecen de la precisión necesaria en una obra con importantes afecciones en general, y a los espacios libres y zonas verdes en particular". El Justicia sostiene, por esta razón, que la redacción de un Plan Especial hubiera permitido incrementar la participación ciudadana, sopesar diversas alternativas y calcular con mayor precisión costes y afecciones, todo con el fin de buscar el "mayor consenso" posible entre ciudadanos y afectados por las obras. En este sentido, lamenta que en la tramitación del proyecto hubiera primado la celeridad a la seguridad, la participación y la búsqueda de consenso. Por todo ello, García Vicente sugiere al consistorio que "futuras actuaciones como la referida, con importantes afecciones para la ciudad y sus habitantes, se aborden mediante un instrumento de modificación del planeamiento general o especial de desarrollo que favorezcan la reflexión y la participación ciudadana". Por otra parte, y dado que las obras que motivaron la queja ya están finalizadas y en servicio, el Justicia insta al Ayuntamiento de Zaragoza a promover una modificación aislada del PGOU que recoja la realidad de las nuevas dimensiones del sistema de espacios libres y verdes sobre los que se ha ejecutado el carril bici. La ocupación de estos espacios, argumenta la sugerencia, ha provocado una situación de "preferencia" de la bicicleta sobre el peatón, con la única excepción de los pasos de cebra. Esto lleva a la Institución del Justiciazgo a sugerir que "se regulen mejor la utilización y preferencias de usos para hacer compatible el uso de la bicicleta, cuyas ventajas no se cuestionan, con los derechos de los peatones". Considera, asimismo, que la zona verde resultante de las obras es de menor calidad medioambiental porque, además de la introducción del carril bici, se ha cortado o talado de forma "deficiente" y con evidente riesgo para su supervivencia más de 40 árboles de gran porte y muchos setos de valor "apreciable". El Justicia también ve "llamativo" el hecho de que el consistorio considere como zona verde un lugar junto al carril bici sobre el que se sitúa una gasolinera . En su escrito, García Vicente hace un llamamiento para que en la ejecución de este tipo de obras se haga "todo lo posible" para minimizar los daños a personas y establecimientos próximos a fin de evitar posibles reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios. Advierte a este respecto que la última sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2009 sobre indemnización por afecciones por obra o responsabilidad patrimonial en un hotel de Madrid establece que "no sólo hay que indemnizar por daños cuando se cierra completamente el paso a un establecimiento sino también cuando afecta de forma muy directa y singularmente a la actividad desenvuelta en el edificio".