La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, explicó ayer a los alcaldes de Biscarrués, Murillo y Santa Eulalia de Gállego, el documento de Declaración de Impacto Ambiental presentado en junio del 2008 por la Confederación Hidrográfica del Ebro para el pantano pequeño de Biscarrués, que genera una gran oposición social en la zona y es muy reivindicado por los regantes de Los Monegros y la Hoya de Huesca.

Los alcaldes de la zona calificaron que haya salido adelante la declaración de impacto "de decepcionante". Entienden que con las más de 7.000 alegaciones populares y diversos informes técnicos desfavorables, era un buen momento para realizar una declaración negativa, en correspondencia "con una sensibilidad social y medioambiental hacia un territorio que defiende su derecho a un desarrollo sostenible", indicaron estos alcaldes en un comunicado.

"Es evidente que se ha perdido una clara oportunidad para descartar definitivamente un proyecto que se ha demostrado inútil e inexplicable desde puntos de vista técnicos, socioeconómicos y medioambientales", añadieron.

Estos alcaldes indicaron además que algunos de los condicionantes que aparecen en la declaración de impacto suponen un cierto "espaldarazo oficial" a la argumentación que mantienen estos ayuntamientos ya que se admite una afección severa "al desarrollo de los deportes de aventura y a los valores medioambientales de la zona afectada, poniendo en peligro el hábitat de especies en peligro".

En este sentido, entienden que suponen además "un serio impedimento" para continuar el proyecto tal y como se pedía por parte de los beneficiarios, especialmente "la importante limitación del volumen de agua almacenable y la eliminación de la central eléctrica".

Otro de los condicionantes es la "recuperación de costes", a los cuales se suman las afecciones a las empresas de deportes de aventura, que hasta ahora no se consideraban perjudicadas en los documentos anteriores. Así, se sumarán nuevos gastos a los 136 millones de euros de coste estimado inicial que deberán ser revertidos por los beneficiarios del embalse.