Una patrulla del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil inspeccionó ayer las instalaciones del Aviapark de La Muela para comprobar el estado de los casi 400 animales exóticos que custodia, que corren riesgo de quedarse sin alimentación ante la falta de recursos del consistorio, que sufre una grave crisis económica y de falta de liquidez derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria y de las irregularidades detectadas en la Operación Molinos.
Los guardias no impusieron ningún precinto ni tomaron medidas preventivas al no detectar ninguna infracción a las normativas ambientales. No obstante, sí solicitaron al director que les entregara varios documentos, como las guías Cites que deben amparar la presencia de cada animal en territorio español, la licencia de actividad del centro y los carnets de manipulador de animales de los empleados.
INSPECCIÓN Está previsto que técnicos del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la DGA efectúen otra inspección a lo largo de la jornada de hoy, un día antes de que, el jueves, el equipo de gobierno municipal que lidera Marisol Aured anuncie qué destino prevé dar a las empresas municipales, como la Cultural --de la que depende el Aviapark-- y la Urbanística.
El parque zoológico dispone de comida para alimentar a los animales durante una semana. A partir de ahí, sus responsables no saben qué ocurrirá.
En previsión de males mayores, su director, Alberto Cortés, dirigió hace unos días a la alcaldesa una carta con una "lista de necesidades inmediatas" en la que solicitaba el suministro urgente de alrededor de una tonelada y media de pienso y alimentos para garantizar el mantenimiento de los animales.
NÚCLEO Los responsables del parque, tanto los gestores directos como los cargos municipales, se encuentran en un brete: al tratarse de aves exóticas, soltarlas es delito; al ser alóctonas, el centro de recuperación de fauna silvestre de La Alfranca --del Gobierno de Aragón-- no puede acogerlas, y, por último, dejarlas morir de inanición constituye también una infracción penal.
Los inspectores de la DGA comprobarán mañana las autorizaciones sobre las que trabaja el único parque zoológico autorizado en Aragón.
