El Ministerio de Defensa ha rechazado informar al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska del tráfico de llamadas que soportaba la terminal de fax que el 11 de marzo del 2003, solo 76 días antes de que 62 militares españoles murieran en la catástrofe aérea del Yak 42, recibió el informe en el que el Mando Aéreo de Levante (Malev) ponía de manifiesto los problemas de seguridad detectados en los aviones civiles que trasladaban a los soldados españoles a la misión en Afganistán.

Ese documento fue enviado desde la oficina del Jefe del Estado Mayor del Aire (Jema) ese día a un número con prefijo de Madrid que uno de los militares que han declarado en la causa sitúa "en un despacho situado al lado del que ocupa la ministra" --en referencia a Carme Chacón-- en la cuarta planta del edificio. Es decir, que el aparato se encontraba físicamente en las dependencias que hace ocho años ocupaba el gabinete del entonces ministro, Federico Trillo.

La confirmación de ese dato provocaría un vuelco en el caso. Los responsables de Defensa venían manteniendo en sus testimonios que el Jema iba a remitir el informe al Emacon --Estado Mayor Conjunto de la Defensa-- pero, por error, lo envió al Centro de Coordinación de Defensa --Cecod-- un organismo creado para hacer frente a situaciones de crisis militar en el que nadie se hizo cargo del documento. Sin embargo, el oficial Abraham Ruiz López, que cuando fue contratado el viaje y ocurrió el siniestro estaba destinado como enlace del Emacon en Namsa --la agencia de la OTAN que organizaba esos viajes--, ubicó la terminal en el gabinete del ministro.

AVERIGUACIONES El magistrado del juzgado Central de Instrucción número 3 reclamó a Telefónica y al propio ministerio de Defensa el tráfico de comunicaciones de ese fax entre el 1 de enero y el 26 de mayo del 2003 --fecha del siniestro-- con el objetivo de comprobar si su volumen de entradas y salidas concordaba con la supuesta ubicación en un habitáculo sin apenas actividad o con la presunta presencia en un centro de decisión. Sin embargo, ninguna de las dos respuestas permitirá al juez profundizar en esa línea de investigación.

Telefónica ha cumplimentado el requerimiento respondiendo que carece de datos sobre el tráfico de llamadas de la línea asociada al fax porque pertenece a una red interna de Defensa, por lo que no tiene acceso a esa información.

Por su parte, la División de Telecomunicaciones del ministerio ha contestado al magistrado en términos similares: no disponen de datos sobre la circulación de esa terminal por motivos de seguridad y por tratarse de una red propia.

Así, Grande-Marlaska deberá buscar otras vías de investigación para tratar de intentar aclarar en qué lugar estaba ubicado el fax al que llegó el documento remitido por el Jema.