La segunda fase de las obras del tranvía comenzó sin la preceptiva autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza. El Gobierno de Aragón, tras mantener ayer diversas reuniones con la adjudicataria, Los Tranvías de Zaragoza, "y para evitar mayores afecciones a los ciudadanos", no hizo efectiva la paralización total de las obras, como sí fue su intención inicial, pero exigió su ralentización en aquellos tramos que afecten a bienes de interés cultural, concretamente en el paseo Independencia, el entorno del Mercado Central y junto a las Murallas Romanas.

Por segunda vez en dos semanas, vuelve a haber un encontronazo entre las dos administraciones más grandes de la comunidad. Si la primera fue de corte político a raíz de las subvenciones a Ryanair y el ataque inicial del consistorio, esta es de componente técnico, al denunciar públicamente la DGA que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha cumplido con los requisitos que marca la legislación autonómica.

El consistorio de la ciudad no quiso ayer hacer declaraciones y se remitió únicamente a la sociedad Los Tranvías. Desde la empresa adjudicataria no desmintieron esta denuncia, que ayer hizo pública la DGA a través de una nota de prensa, pero sí aseguraron que se envió un escrito previo al inicio de los trabajos y se plantearon varias reuniones técnicas, además de diversas conversaciones sobre el asunto. No desmintieron, sin embargo, la información proporcionada por el Ejecutivo autonómico. También especificaron que una empresa arqueológica contratada por Los Tranvías, Sertecma--APC, ha supervisado en todo momento los trabajos.

Esta actuación del Gobierno de Aragón se ha producido tras el informe urgente solicitado por la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, sobre la protección del patrimonio cultural afectado por las obras. En dicho documento, elaborado por los servicios de Prevención y Protección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, se indica que cualquier actuación en un bien de interés cultural o en su entorno debe ser autorizada por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, en cuya unidad gestora se ha constatado que no se ha presentado ningún expediente relacionado con dichas obras.

En el segundo punto del informe se afirma textualmente que "por parte de la entidad promotora, Ayuntamiento de Zaragoza, y de la entidad adjudicataria se han incumplido los trámites obligatorios de obtención de autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, tal como establece la normativa (Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés)".

REQUERIMIENTO Ante estas conclusiones, la Dirección de Patrimonio envió ayer por la mañana una carta a la teniente de alcalde de Servicios Públicos, Carmen Dueso, y al gerente de Tranvías de Zaragoza, Alejandro Moreno, instando a la suspensión de las obras y solicitando a los arqueólogos municipales un informe de las actuaciones realizadas hasta el momento y las posibles afecciones producidas en los tramos de Independencia y las murallas. En una reunión que tuvo lugar ayer por la mañana, la DGA recibió el proyecto de obras --"el actualizado", según la empresa, dado que el Ejecutivo ya tenía el plan de referencia--.

Serrat también reclamó el control de los trabajos por parte de los arqueólogos municipales hasta que se reúna la Comisión de Patrimonio. En este sentido, mostró su disposición a convocar una reunión extraordinaria --la ordinaria debería haberse celebrado en septiembre-- en aras "a minimizar las molestias a los ciudadanos". También Tranvías de Zaragoza mostró su disposición a aportar la documentación y a reunirse las veces que sea necesario para garantizar la buena marcha del proyecto.

Todo parece indicar que no se ha producido ninguna afección en el patrimonio de la ciudad, dado que, tal y como apuntaron desde la adjudicataria, todos los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en "se centran en la reposición y renovación de servicios ya existentes, por lo que no afectan a áreas arqueológicas ". Estas áreas, añadieron, ya fueron "removidas y abordadas por la misma empresa" en el 2002.

El gerente de Los Tranvías de Zaragoza, Alejandro Moreno, apuntó que las exigencias de la DGA pasan por garantizar que no