Dos grupos de la oposición en la Diputación Provincial de Zaragoza, PSOE e IU, criticaron ayer unánimemente la destitución de la interventora de la institución, María Pilar Santafé, por considerar que esconde motivaciones políticas y que carece de justificación.

Sin embargo, el presidente de la DPZ, Luis María Beamonte (PP), aseguró que ha decidido prescindir de los servicios de la funcionaria, que desempeña ese mismo puesto desde hace 16 años a propuesta del propio Partido Popular, porque "estos últimos tiempos" había creado una "situación insostenible" y provocado "tensión, desencuentros y enfrentamientos" entre distintos departamentos de la diputación.

El diputado de Chunta Aragonesista, Bizén Fuster, indicó que la destitución obedece a razones técnicas, dado que algunos expedientes, en particular la concesión de subvenciones y los planes estratégicos, acumulan gran retraso desde hace dos años, una situación agravada por la implantación de un sistema de fiscalización previa. "El problema de fondo es que es un cargo de libre designación que debería cubrirse mediante oposición y libre concurso", apuntó Fuster.

"Todavía no he sido cesada, aún soy interventora", aseguró ayer a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, por su parte, María Pilar Santafé, en contra de lo afirmado por Beamonte, que subrayó que el lunes pasado le comunicó la decisión y que se convocará un concurso de libre designación para nombrar al sucesor. Ella pasará a realizar labores de asesoramiento económico a entidades locales.

"Es falso que mi destitución se deba al caso de Alfredo Romero", añadió Santafé, en referencia al exresponsable de Cultura de la institución hasta 2011, incurso en un proceso por el supuesto desvío de ingresos de la venta de documentación sobre exposiciones en el palacio de Sástago.

La interventora manifestó que aún no se le había comunicado oficialmente la destitución y recordó que está cambiando la normativa sobre nombramiento y pérdida del puesto de trabajo de los interventores de habilitación estatal, como es su caso.

"La destitución se comunicó el lunes y hoy se ha firmado", replicó Luis María Beamonte, que insistió en que no existían quejas sobre la labor profesional de la interventora y señaló que el cargo será ocupado, hasta que se convoque un concurso, por el viceinterventor.

Martín Llanas, del PSOE, calificó la medida de "innecesaria" y recalcó que su grupo no la compartía. "Crea un mal antecedente en la convivencia armónica que debe existir dentro de la institución entre los funcionarios y los cargos políticos", declaró.

Y José Ángel Miramón, de IU, atribuyó lo sucedido al deseo de Beamonte de librarse de una persona que emitía informes "con verdades incómodas".