El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, ha exigido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas correspondientes y de protección y condene los ataques y abucheos como el que ha sufrido la juez encargada de la instrucción del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya.

El además juez decano de Madrid ha reconocido que "jamás" se han sentido respaldados por el CGPJ y le ha pedido que "salte a la palestra a hacer las condenas oportunas".

González Armengol ha pedido respeto por las decisiones judiciales y ha calificado de "impresentable" los hechos protagonizados por personas próximas a los imputados por los ERE fraudulentos en Andalucía que instruye la juez Alaya.

No obstante, en una comparecencia para presentar el congreso que la asociación va a celebrar en Zaragoza los próximos 6, 7 y 8 de noviembre, el juez decano ha culpado a los políticos de que los conflictos judiciales ocupen la primera plana de los medios de comunicación.

"Ellos (los políticos) son los grandes culpables de esta situación" porque, ha dicho, "les interesa politizar o judicializar sus conflictos políticos".

Y como cree que los políticos son "los primeros interesados en tener un cierto control sobre el ámbito de actuación del poder judicial" no quieren que los jueces elijan a sus representantes en el CGPJ.

En este sentido ha anunciado que el cuerpo judicial va a exigir que exista en España "lo mismo que en Europa" y que al menos la mitad de los miembros de su órgano de gobierno sean elegidos por los propios jueces.

De ahí, ha apuntados, los nombramientos "discrecionales", "más relacionados con la vinculación a determinado partido político o asociación" que con los méritos profesionales, pero de lo que también ha culpado a la "desunión" de los jueces en ese apartado.

González también ha reconocido la existencia de "intentos de interferencia" por parte de la Fiscalía en casos mediáticos como los que afectan a miembros de la Casa Real, pero que chocan con la independencia de los jueces de los juzgados de instrucción, de ahí que algunas de las resoluciones sean objeto de impugnación.

A este respecto ha subrayado la importancia de que para seguir manteniendo la independencia no se otorgue la instrucción a la Fiscalía como se pretende en la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal.