La Fiscalía redujo ayer notablemente sus peticiones de condena para los acusados en el caso Mallén: redujo de 14 años de prisión a tres y de 38 d einhabilitación a 19 la solicitud para el alcalde, Antonio Asín; exculpó a sus concejales, José Antonio Gil y Ferando Escusol, y redujo a un máximo de dos años de cárcel la reclamación para otros cuatro imputados, aunque mantuvo la de tres años para Sergio Castro y las de seis años y medio de reclusión, más de cinco millones de multa y el veto durante cinco años para recibir fondos públicos para los promotores de Agrovalle, Herbert Kölling y José Luis Pérez Lízar.
Sin embargo, mientras las defensas pidieron la absolución de todos los acusados, el horizonte penal de estos sigue siendo prácticamente el mismo que el pasado lunes, ya que la acción popular del PP, ejercida por el letrado José María Viladés, mantuvo sus solicitudes, que en el caso de Asín se elevan a doce años de prisión, 33 de inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos y 114.000 euros de multa. La acusación particular de la empresa Transmalia, representada por la abogada Sara Benedí, reclamó dos años y 12.000 euros de multa para Sergio Ahedo.
La Fiscalía retiró el cargo de cohecho contra Asín al calificar como "sospechas de alta intensidad que no se concretan en hechos" los indicios que, según la Policía, señalan que movió 16.000 euros de origen desconocido en el 2006 y el 2007.
Para la acción popular, por el contrario, "el estudio que hace el Grupo de Blanqueo acredita que existieron esas dádivas". Entre otros indicios, destacó que Asín no sacara dinero del cajero ni en las temporadas de vacaciones de esos años y que llegara a ingresar 10.000 euros en metálico en una cuenta del Santander.
GASTO El letrado de Asín, Enrique Trebolle, atribuyó el descenso de extracciones del banco que la Policía ve sospechoso al hecho de que la suegra de Asín viviera con su familia unos meses, en los que les entregaba su pensión, y a que, en esa época, al enfermar la mujer y tener que cuidarla, redujeron sus gastos entre 25 y 31 euros diarios.
El fiscal, no obstante, destacó el "empecinamiento en saltarse las normas del ordenamiento jurídico" que mostraba Asín. "Él era el jefe y hacía lo que le parecía", dijo. "Quizá fuera un alcalde que quisiera destacar, eso es legítimo, pero para eso se salta la legislación", añadió.
Aseguró que el proyecto de Agrovalle "no era más que humo", dijo que sin los suelos "ni los bancos le habrían dado financiación ni la DGA ayudas" y anotó que "al menos 200.000 euros fueron destinados a otros usos", distintos de los asignados a las subvenciones.
Viladés, por su parte, añadió, en referencia a Gil y Escusol, que "sin su voto no se habría aprobado" la operación de los terrenos. Y Benedí apuntó que "no existe procedimiento en la venta de la parcela a Tecnozoo".
DEFENSAS Trebolle destacó que "no puede haber un delito de prevaricación en la Sociedad Urbanística Municipal" porque esta no está sujeta a la normas del procedimiento administrativo. "Este hombre ha demostrado que se mueve, que gestiona, que se preocupa por el bien del pueblo", dijo en referencia a Asín.
Carmen Cifuentes centró su intervención en poner en duda la credibilidad de los dos testigos que declararon contra Pedro Rueda y Ana Carmen Pérez por el presunto cobro de fondos públicos mediante facturas falsas de la papelería de la segunda.
La letrada de Sergio Castro, la penalista Cristina Ruiz-Galbe, insistió en que la estafa que Fiscalía imputa a su representado, Sergio Castro, estaría prescrita en caso de existir.
Las abogadas de Lízar y Kölling, Gema Calahorra y Ana Blanco, sostuvieron que el acceso de Agrovalle a las fincas del polígono fue correcto, calificaron el proyecto de "viable" y aseguraron que sus responsables no desviaron las ayudas públicas, sino que estas se perdieron al caer la empresa en insolvencia.
Por último, Alonso Núñez rechazó que Alejandro Ahedo y José Antonio Fernández hubieran efectuado las falsificaicones documentales que les atribuyen las acusaciones.
