La DGA convocará 2.738 plazas de funcionario por orden judicial

El Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar uno de los mayores procesos de oferta de empleo público que se recuerdan. Durante los próximos tres años, convocará 2.783 plazas para acceder a la función pública. Este mismo año se convocarán 558 puestos correspondientes a distintos puestos de la Administración General y que debían haber salido a oposición hace 8 años. La decisión es consecuencia de dos sentencias judiciales en las que se instaba al Gobierno de Aragón a convocar todas estas plazas que se cubrían con interinidades y que quedaron excluidas en las oposiciones que se celebraron en el 2007 y el 2011. El resultado de esas dos sentencias es que en los próximos tres años la DGA se verá obligada a convocar todas estas oposiciones. Del montante de plazas que saldrán en convocatoria pública, 1.034 corresponden al ámbito de la administración general, 385 al docente y educativo y 1.364 al ámbito sanitario.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, José Luis Saz, hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Saz advirtió que a partir de ahora se diseñará el proceso, que no está exento de complejidades. Especialmente en las plazas que salgan para Educación, ya que se tendrá en cuenta la demanda actual y las necesidades, que pueden ser distintas a los años en los que se debían haber convocado las oposiciones.

El consejero, no obstante, se felicitó por la decisión gubernamental, ya que consideró "buena noticia" que en tiempos con problemas de empleo salgan a oposición un volumen tan elevado de plazas para la función pública. Este alto número de puestos de trabajo no tendrá, en principio, repercusión económica sobre los presupuestos de la comunidad autónoma, ya que todas ellas están ocupadas.

CSIF fue el único sindicato que ayer se pronunció sobre la ejecución de estas dos sentencias (una del Supremo en el 2010 y otra del TSJA en el 2012) y exigió al Departamento de Educación que se pronuncie "inmediatamente sobre sus intenciones respecto a dichas plazas docentes y lo haga en el órgano adecuado para ello, la Mesa Sectorial de Educación, la cual debe convocarse con la mayor brevedad".

Según este sindicato, la situación producida "pone en cuestión las políticas cicateras y de destrucción de empleo público llevadas a cabo por las diferentes Administraciones", como la tasa de reposición y los recortes.