La reforma de la avenida Cataluña se 'revende' sin plazos ni cesión

Un paso a ninguna parte. Este es el avance que el Ayuntamiento de Zaragoza presentó ayer a los vecinos del Rabal respecto a la pavimentación y renovación de servicios de la avenida Cataluña. A falta de la cesión de la vía por parte del Ministerio de Fomento --y los 1,2 millones que le acompañan--, el consistorio ha redactado un proyecto de renovación para el tramo entre la Z-30 y el puente del ferrocarril, que precisará una inversión de 3,8 millones de euros. Por el momento, es solo un dibujo ya que no hay partida presupuestaria destinada a su ejecución ni se puede llevar a cabo hasta que la vía sea de titularidad municipal, algo para lo que de momento no se ha movido ficha.

Un avance que para gran parte de los vecinos se traduce como "el cumplimiento de una promesa municipal", acelerada por una petición de CHA en el debate del estado de la ciudad. En cualquier caso, este proyecto viene a ser un fragmento, ahora con medidas y cifras concretas, del ya presentado a los vecinos en el 2013. En su momento se presupuestó la reforma integral del vial en 9 millones de euros.

PRIMERA FASE

Esta primera fase del proyecto abarcaría un tramo de 550 metros y se ha basado en el estudio previo también elaborado por los técnicos municipales que implica todo el trazado (1.365,20 metros).

Según los datos facilitados por el consistorio, se produciría un aumento de la superficie peatonal y ajardinada del 65,72%, aunque también aumentaría la calzada. Básicamente, se trata de una reforma que convierte a la avenida Cataluña en una vía "moderna", con más carril bici y la inclusión de zonas verdes ahora inexistentes. Se mantienen calzadas de dos carriles en dos sentidos con una mediana que "urbaniza" el aspecto de la avenida. La reforma plantea además la inclusión de unas 100 plazas de aparcamiento y la renovación del saneamiento y el alumbrado público.

El documento ya ha comenzado los trámites para su aprobación. En un plazo de 15 días se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ), momento en el que podrán presentarse alegaciones. Campos anunció que será a finales de abril "o incluso antes" cuando el Gobierno de la ciudad lo aprobaría y quedaría a la espera de la disposición del suelo, ahora propiedad del Estado. El plazo de ejecución sería entonces de doce meses.

Jesús Fon, portavoz de la Asociación de Vecinos Ríos de Aragón volvió a insistir en que "la llave de la cesión la tiene Eloy Suárez (PP), ya que es el único que puede mover algún hilo en Madrid para conseguir la titularidad municipal de la vía". "El ayuntamiento ha demostrado que tiene fondos y que puede ejecutar la obra" dijo Fon, aunque no se hayan destinado partidas presupuestarias este año para este proyecto.

Más crítico es Raúl Gascón, que explicó que "todo lo que les habían enseñado ya lo habían visto antes" y consideró que la guerra PP-PSOE no beneficia a la ciudad y que el tema de la cesión se resolvería si el PP gobernase en Zaragoza. "Este tema se escapa de la política vecinal", lamentó.

Rafael Tejedor, presidente de la Asociación de Vecinos Arrabal-Tío Jorge resumió este proyecto como "el cumplimiento de una promesa municipal que depende totalmente del Ministerio de Fomento".