El TSJA desestima las medidas cautelares al derribo de Averly

El Gobierno de Zaragoza en Común apenas ha logrado ganar una semana de tiempo para evitar el derribo de las naves no catalogadas de la factoría Averly. Su petición de medidas cautelares para paralizar el expediente, mientras no se resuelva en los tribunales si hay que ampliar o no la protección de Patrimonio, se quedó en agua de borrajas. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le informaba no solo de que desestimaba su petición sino, además, que "con la postura que ahora viene a adoptar incurre en un manifiesto fraude procesal, asumiendo la defensa de los intereses de la asociación recurrente". Le condena a pagar las costas.

Esto es lo que le recriminó hace solo unos días la oposición al responsable de Urbanismo del consistorio, Pablo Muñoz: que el consistorio, como parte demandada --en este caso por la demandante, la asociación Apudepa--, no puede pedir una medida que va contra sus propios intereses, o en defensa o a favor de quienes le han demandado. "Tal solicitud resulta improcedente", explica el TSJA en su auto, que añade que es a esta asociación la "única en los presentes autos a quien le corresponde instar", y que ya lo hizo. Lo mismo que solicitó ZeC lo pidió Apudepa en marzo del 2014. La diferencia es que el juez no se posicionó entonces al reclamarles una caución de un millón de euros que no pudieron pagar. Aahora el ayuntamiento quedaba exento por ser Administración, pero su posición "no puede ser otra que la de pretender la desestimación del recurso de Apudepa".

Desde el PSOE, Lola Ranera, destacó la "contundencia" del texto y lamentó que las decisiones de ZeC estén "costando dinero" al consistorio. "El derribo de Averly está en manos de la voluntad de los grupos municipales", manifestó Pablo Muñoz, consciente de que la vía judicial ahora ya se le ha agotado.