CORRUPCIÓN EN ARAGÓN
La alcaldesa de Blesa, acusada de prevaricación y coacciones
La rescisión del contrato de las piscinas da lugar a un juicio contencioso

La alcaldesa de Blesa, acusada de prevaricación y coacciones
F. V.
La alcaldesa de Blesa, María Ángeles Cólera, de Compromiso por Aragón, ha sido acusada de prevaricación y coacciones por rescindir el pasado mes de junio el contrato de explotación del bar y de las piscinas municipales, cuya fecha de terminación era el 2018. La regidora, según el denunciante, ordenó cambiar las cerraduras del recinto después de acusarlo de una serie de deficiencias en el servicio, como no respetar los horarios e instalar incorrectamente una estufa de leña que podría vulner las normas de higiene y salubridad.
La denuncia ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Calamocha y, paralelamente, se sigue un proceso en la jurisdicción contencioso-administrativa, que en octubre celebrará un juicio en Teruel. "Con lo que me ha pasado estoy en la ruina", señaló ayer Antonio Aponte, el exadjudicatario de las piscinas, que se queja de que se le ha privado de su medio de vida "por asuntos sin importancia y pese a que prestaba un buen servicio a la localidad".
"El responsable del bar cometió numerosas irregularidades y además recibimos quejas de los clientes", subrayó, por su parte, la alcaldesa, que indicó que la estufa de leña se había instalado sin proyecto y que el bar estuvo cerrado durante la pasada Navidad. "El incumplimiento de las condiciones del contrato era de forma reiterada: no cumplía los horarios y recibíamos quejas por los precios", añadió María Ángeles Cólera.
A la vista de esta situación, el pleno municipal decidió, sin unanimidad, pues la oposición votó en contra, rescindir el contrato y convocar una nueva licitación.
"La alcaldesa sacó el local a licitación motu proprio y ordenó cambiar las cerraduras, todo por las bravas", manifestó Javier Rubio, letrado zaragozano que defiende a Antonio Aponte, que "tras no obtener respuesta del ayuntamiento" ha iniciado dos procedimientos, uno por vía administrativa que derivó a la jurisdicción contenciosa y otro por lo penal.
"Recurrimos todas las decisiones del consistorio, pero no obtuvimos respuesta", afirmó Rubio, para quien la actitud de la alcaldesa "revela que se toma la justicia por su mano". La denuncia por vía penal, admitida a trámite, se halla en fase de diligencias previas en el Juzgado de Calamocha.
Para complicar las cosas, el bar fue objeto de un robo cuando lo regentaba Aponte y en el que desaparecieron la televisión y el cajón con la recaudación del futbolín, un episodio que también se está investigando.
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