La venta ilegal del Rastro suma ya 520 denuncias sin tramitar

De nuevo volvía ayer al Ayuntamiento de Zaragoza el debate sobre cómo abordar la problemática venta ilegal que se produce todas las semanas en el párking Sur de la Expo, al margen del Rastro, y esas infracciones que se quedan sin castigar por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Ayer, en la Comisión de Servicios Públicos, se enfrentaban los dos partidos que han tenido que lidiar con este problema gestionando el consistorio. Y acabaron concluyendo que es un problema más relacionado con los servicios sociales que con la Policía Local, que hace lo que tiene que hacer y entre el 2015 y el 2016 ha registrado 520 denuncias que luego se han quedado sin tramitar. Con el PSOE gobernando fueron 831, y el resultado el mismo, cero multas.

«Se aplica una eximente completa» a las personas denunciadas, lamentó la concejala socialista Marta Aparicio, que discutió la analogía que hacía el responsable del área, Alberto Cubero, de lo que dice el Código Penal a una infracción que es administrativa. Y es que el edil de Zaragoza en Común (ZeC) en la idea de que «este no es un debate de doctrina sino social» y que no se le imponen multas a «quienes van a vender zapatillas rotas o que tienen su domicilio en el albergue, porque no tienen capacidad económica para pagar la multa». «Solo puede tener una solución desde lo social», añadió.

Pero es que esta era, precisamente, la principal crítica de la socialista al acusarle de «dejación de funciones». «No sé si preocupa más que se pasen el procedimiento por el forro y ni siquiera incoen expediente cuando les llega la denuncia o que haya personas que necesiten esto para ganarse la vida y no hagan nada para ayudarles», explicó Aparicio.

A su juicio, se debería «pedir actuar a los servicios sociales y ayudarles con el sistema de protección que tiene esta ciudad». Pero al menos constatar que esa es su situación tramitando las denuncias, no «tirándolo a la papelera». En definitiva, «tener una actuación conjunta» con otras áreas. «No estamos pidiendo que maten a multas a gente que no tiene recursos», añadió.