Los residuos de la provincia se tratarán en el complejo de Zaragoza
La DPZ aprueba con el consenso de todos los grupos la creación del servicio
La Diputación de Zaragoza (DPZ) aprobó ayer de forma inicial la creación del servicio público Ecoprovincia para la transferencia, tratamiento y transporte de residuos domésticos y comerciales de la provincia al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). Este nuevo servicio, que contará con una comisión de seguimiento, permitirá a los ayuntamientos cumplir la directiva europea que les obliga a reciclar al menos la mitad de sus basuras para el año 2020. Con Ecoprovincia, que nace con el consenso de todos los grupos políticos, la institución provincial «se adelanta a las exigencias europeas», señaló ayer su vicepresidente, Martín Llanas.
El portavoz del PP, Francisco Artajona, reconoció que su partido recibe el comienzo de este servicio con «moderada satisfacción». En el mismo sentido, el portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, pidió la mayor celeridad posible para un proyecto tan importante como este.
El servicio prevé la construcción de seis plantas de tratamiento, que cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros, que será asumida por la DPZ. Las dos primeras se empezarán a construir en las zonas de Calatayud y La Almunia en el 2018, ya que el actual vertedero está a punto de colmatarse. En el 2019 tocará el turno a las plantas de Borja y Ejea; y en el 2020 a las de Alagón y Quinto. Un cronograma que se agilizará dentro de lo posible.
El gasto corriente previsto es la suma de la gestión del servicio de tratamiento y transporte desde las plantas de tratamiento hasta su destino, más la tasa del CTRUZ por los residuos trasladados hasta allí, que serán 78.000 toneladas a pleno rendimiento. Este traslado es posible gracias al convenio entre ambas instituciones para cuatro años, prorrogables por otros dos periodos de dos años. Así, la DPZ tendrá que pagar al Ayuntamiento de Zaragoza por el traslado de los residuos la tasa establecida en cada momento para las entidades locales en la ordenanza, que es actualmente 24 euros por tonelada. Posteriormente, la diputación facturará a los ayuntamientos la cantidad correspondiente a cada uno.
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