Duro revés para las intenciones del Gobierno de Aragón de acometer la ampliación de la Plataforma Logística de Plaza, proyectada para ganar unos 340.000 metros cuadrados más a los 13 millones que ya tiene. El inesperado varapalo ha llegado en forma de informes, tres concretamente, dos de carácter técnico y uno jurídico, que ha elaborado el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y que ahora pone en jaque la operación impulsada por el Ejecutivo autonómico que dirige el socialista Javier Lambán con la mirada puesta en el inminente aterrizaje de la multinacional Amazon en Plaza.
Con un acuerdo ya atado con la firma de comercio electrónico para que instale allí una nave dedicada a convertirse en un centro de devoluciones de la compañía en España, y al margen de los centros de datos ya anunciados para Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo, los reparos que ahora pone el consistorio le obligan, como mínimo, a negociar. O a obviar unos informes que eran preceptivos pero que la DGA tampoco considera insalvables. Aunque arroja argumentos contundentes y el consistorio es muy consciente de lo sensible que es la situación que ahora se genera.
Entre los argumentos que esgrimen los técnicos municipales destaca uno sobre los demás. Ateniéndose al principio de la legalidad, instan al Gobierno de Aragón a elaborar otro Plan de Interés General Autonómico (PIGA) distinto al que se redactó en el 2004 para Plaza. La DGA ha tramitado a toda velocidad esta propuesta de ampliación -la llamada modificación número 9-, aprobada en el consejo de administración de Plaza en octubre, pero incluyendo estos 340.000 metros cuadrados nuevos en el PIGA original, cuando desde el consistorio opinan que debería haberse elaborado uno nuevo.
Se desconoce por qué no se hizo así, pero desde el ayuntamiento le recuerdan que ese documento de hace 15 años ya establecía los límites máximos que podría alcanzar la plataforma logística y esta ampliación los rebasa. La lógica, en este caso, apunta a que esas 34 hectáreas apenas representaban un 2% de los trece millones de metros cuadrados que ya tiene Plaza, pero jurídicamente se ve como una irregularidad saltarse estos límites.
Ahora, el problema no es una discusión meramente técnica y jurídica, sino las consecuencias políticas que puede tener esta decisión. Los tres informes eran preceptivos y ahora, sin ser vinculantes, ha puesto en duda el procedimiento administrativo. Retroceder para elaborar un PIGA nuevo para esos 340.000 nuevos metros cuadrados puede demorar varios meses una nueva aprobación y los clientes o destinatarios de esos suelos pueden tener una fecha marcada en su calendario para instalarse en Plaza. ¿Puede esperar Amazon?
Entre tanto, este asunto, delicado sin duda, desde el ayuntamiento se quiere llevar con la máxima diligencia y voluntad de diálogo posible. No quieren ser un freno a la llegada de grandes empresas como Amazon a Zaragoza y están dispuestos a negociar. Pero con PIGA nuevo o no cambian más cosas, también los aprovechamientos o el reparto de cargas del mantenimiento.
Hay más suelos en la ciudad
En los tres informes, técnicos y jurídico, elaborados por el Ayuntamiento de Zaragoza también se recuerda que hay más suelos disponibles en la ciudad de los que el Gobierno aragonés puede hacer uso antes de acometer una ampliación de Plaza que solo hace que aumentar el número de metros cuadrados por ocupar en la capital aragonesa. Enclaves como el polígono Empresarium, entre otros, llega a citar. Son enclaves en la ciudad que también podrían servir para acoger proyectos como el macrocentro de devoluciones que Amazon pretende crear en Plaza con más de 2.000 empleos y un aparcamiento con capacidad para 800 plazas. De hecho, el objetivo de que esta se instale en la ciudad es compartido por el ayuntamiento, así como otras empresas que aterrizarán también en la plataforma logística. Atrae también el conocido interés de Aliexpress por instalarse en Plaza, muy cerca de Amazon, y justificaría otra ampliación, la segunda en cartera, que llegará hasta los límites del término municipal de La Muela. Serán muchas más que estas 34 hectáreas que ahora están en discusión con el Gobierno de Jorge Azcón.
