La patronal agraria ve precipitada la orden sobre el covid en el campo

El Departamento de Sanidad ha dictado una orden por la que serán de obligado cumplimiento para los empresarios agrícolas y los trabajadores temporeros durante la presente campaña de recolección de la fruta las medidas recogidas en la Guía para la prevención y control del coronavirus en las explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros, elaborada por la dirección general de Trabajo. La orden establece que los municipios y comarcas, con cargo a sus recursos, podrán habilitar alojamientos alternativos de uso voluntario a disposición de empresarios y trabajadores para permitir el aislamiento de los trabajadores contagiados o sospechosos de haber contraído el virus cuando no puedan garantizar su aislamiento en su domicilio. Los agricultores consideran que esta medida es precipitada y que carga las responsabilidades sobre las espaldas de las explotaciones familiares y los pequeños municipios.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, explicó que la orden recoge recomendaciones para el transporte y la movilidad de los trabajadores, y las cautelas que se tienen que adoptar respecto a los equipos de trabajo, la distancia interpersonal, medidas organizativas y de higiene generales y sobre la gestión de residuos. También incluye recomendaciones para la post-recolección, como el trabajo en naves, almacenes y todos los procesos de selección y preparación para la comercialización de la fruta.

Asimismo, la nueva norma, que saldrá publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) regula las condiciones que deben reunir las viviendas de los trabajadores, los baños o las zonas comunes, como los vestuarios, así como los protocolos de actuación cuando se detecten síntomas. Todo ello para evitar que la campaña de recogida de la fruta pueda derivar en rebrotes de la enfermedad en zonas frutícolas como la de Fraga y el Bajo Cinca o Valdejalón.

Falo manifestó que la conversión en orden de obligado cumplimiento lo que hasta ahora había sido una guía de recomendaciones se da «no tanto porque se hayan detectado irregularidades», sino «porque es un tema que a nosotros nos importa y para tener respaldo normativo en el que caso de que sea necesario realizar intervenciones administrativas».

POBLACIÓN VULNERABLE

El responsable de Salud Pública reconoció que los posibles rebrotes en zonas donde se está realizando la recogida de fruta «preocupan» al Gobierno «porque es una población vulnerable, porque es población que puede tener situaciones de precariedad». Y recordó que el coronavirus, como otras enfermedades infecciosas, afectan más «a los más vulnerables». «La transmisión de enfermedades infecciosas golpea más habitualmente a poblaciones más vulnerables, que pueden tener condiciones sociales más desfavorecidas», explicó. Por eso, señaló, es necesario prestar «especial atención» a esta población evitando la estigmatización. «Aquellas poblaciones que tienen más posibilidades de padecer una enfermedad, bastante tienen con eso, no deben ser colectivos a los que estigmatizar, sino reforzar las medidas de atención porque lo necesitan más», insistió.

Este cambio en la regulación de unas reglas de prevención que, según la patronal agrícola ya se estaban cumpliendo, se interpreta como una injerencia en un sector del que no se conocen las particularidades alentada por los sindicatos de base. «La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, reclama al Gobierno de Aragón que no se deje arrastrar por las presiones que están ejerciendo CCOO y UGT para publicar una Orden que establezca los criterios de actuación en el sector agrario de cara a la protección frente a al covid-19», expresaron.

La entidad señala que los dos sindicatos «están criminalizando a todo el sector primario con acusaciones como que el 80% de las contrataciones en el campo son ilegales», algo que ven fuera de lugar. «No podemos aceptar semejantes despropósitos, los datos de la inspección de trabajo y los de afiliación a la Seguridad Social, indican que los agricultores están haciendo bien las cosas y cumpliendo la normativa de contratación». manifestó el responsable de relaciones laborales, Vicente López.

En este sentido repitieron que sector agrario «es el eslabón más débil de la cadena de producción de alimentos, tal y como se denunció durante todo el invierno en las movilizaciones de agricultores al límite, y por tanto, al que resulta más fácil atacar».

ACCIÓN MUNICIPAL

Este cambio en la norma se produce cuando muchos consistorios como Fraga, Ricla o La Almunia ya han puesto en marcha las recomendaciones que se marcan para grantizar la protección de los temporeros, entre otras medidas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Calatayud puso ayer en marcha un sistema para facilitar la incorporación de trabajadores a tareas agrícolas

El presidente de ASAJA, Ángel Samper, reclamó que ante un nuevo escenario todas las entidades tienen que «cumplir sus obligaciones» y aplicar sus competencias, sin dejar toda la responsabilidad en una de las partes. Además, lamentó la proliferación de inspecciones poniendo en duda al sector.