La Cumbre de París de 2015, recogía la postura reiterada de los expertos sobre cambio climático integrantes del IPCC, quienes vienen dictaminando desde hace mucho tiempo el fenómeno del calentamiento global y señalando que la temperatura en esos momentos no podía subir más de 1,5 grados.
De un tiempo a esta parte, el cambio climático ha dejado de ser «una cosa de ecologistas», para ser una prioridad para aquellos que son conscientes del corto plazo de diez años que los expertos han fijado para frenar el cambio climático. La pandemia que estamos sufriendo ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, que el modelo actual de sociedad no es viable y que debemos cambiar nuestros hábitos para que no repitamos y reiteremos los errores del pasado, que nos han conducido a esta situación.
Como no afrontemos seriamente la crisis climática, ésta no nos va a permitir como ahora confinarnos y buscar paliativos. De no atajarla, el desastre está asegurado. Así, este Anteproyecto de Ley lo expresa claramente. No puede subir la temperatura por encima de 1,5 grados. El Pacto Verde Europeo tiene que ser una realidad. Si algo ha demostrado esta pandemia es el impacto global de la misma. En el cambio climático no caben soluciones a medias. Según nos señala el texto legal, la transición energética tiene que movilizar una nueva economía que fija en la cantidad de entre 16.500 y 27.500 millones de euros cada año. Asimismo, prevé un aumento del empleo entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo. En el año 2050, tendremos que contar con un sistema energético eficiente y renovable.
Tenemos una oportunidad histórica para poner freno a las prácticas perjudiciales para el clima
Los Planes Integrales de Energía y Acción por el Clima (PNIEC), siguiendo los reglamentos de la Unión Europea, tienen que orientar la política climática asegurando el avance hacia los objetivos previstos en el Acuerdo de París. Las descarbonización de la energía tiene que ser una realidad, así como la implantación de las renovables, garantizando la transición de las zonas más sensibles.
El texto de la ley es complejo y plantea, a través de su articulado, en nueve títulos, todos estos extremos precedentemente citados. Instrumentos de planificación, generación de energía renovable y eficiente, transición energética, movilidad y transporte, para que el vehículo eléctrico finalmente, cuente con el apoyo necesario. Se establecen medidas de adaptación frente a los impactos del cambio climático. Se considera la política agraria, la protección de la diversidad y las medidas de la transición justa.
Lógicamente, están fijados los planes financieros para afrontar todo ello. Se prevé igualmente la adaptación de la educación y capacitación para el desarrollo sostenible y finalmente la gobernanza del cambio climático y la transición energética.
Estos son a grandes rasgos algunos de los aspectos que se contemplan en dicho texto legal y que indudablemente tenemos que confiar en que en el trámite parlamentario se avance en el mismo y sea una realidad. A pesar del avance que supone contar por fin con el instrumento que regule un problema tan grave como el cambio climático, el trámite parlamentario debería avanzar en la consecución de objetivos más ambiciosos, por ejemplo en la reducción de emisiones, ya que según algunos expertos se debería buscar una cifra más generosa.
Tenemos una oportunidad histórica, que es cambiar el modelo de sociedad y poner freno a las prácticas perjudiciales para el clima, que año tras año venimos comprobando y que no admiten la dilación, porque las consecuencias pueden ser irreversibles. Confiemos y deseemos que esa nueva época de sostenibilidad y equilibrio ambiental permita seguir en esta sociedad con unos parámetros de convivencia más justos y sosteniblemente aceptables.
