La Delegación del Gobierno avala la retirada de la medalla vitalicia a Franco

Los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno en Aragón han emitido un informe en el que avalan la retirada de la medalla vitalicia, en categoría oro, que la ciudad de Calatayud concedió a Francisco Franco en el año 1951.

En un oficio emitido recientemente y firmado por el secretario de la institución gubernamental, Luis Roldán Alegre, la delegación rechaza el argumento esgrimido por el equipo de gobierno, que en un pleno donde se abordó el asunto argumentó que la medalla se había extinguido con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. La retirada fue instada hace varios años por el grupo socialista en la corporación bilbilitana.

La Delegación del Gobierno se apoya en la Ley de Memoria Histórica del 2007 para justificar la necesidad de que el ayuntamiento lleve a cabo la retirada de la medalla, así como en jurisprudencia extraída de sentencias dictadas en localidades donde se ha privado a Franco de otros reconocimientos, como es el caso de Valencia, donde una corporación lo nombró alcalde honorario de la ciudad.

Sin embargo, el alcalde de Calatayud, el popular José Manuel Aranda, rechaza de plano los argumentos utilizados en el informe, que calificó de "extemporáneos" y de "burdas elucubraciones sin fundamentación jurídica alguna".

"Ya hemos remitido una carta al secretario de la delegación en la que, según el diccionario de la RAE, la medalla perdió toda vigencia con la muerte de Franco, pues al ser vitalicia se extingue cuando fallece la persona que la ha recibido", afirma Aranda.

El regidor asegura que el ayuntamiento en ningún momento ha hecho exaltación del franquismo y califica la iniciativa del PSOE de "pérdida de tiempo", en unos momentos "en los que realmente tiene importancia es la muerte de 43.000 personas por el coronavirus, los ERTE que aplican las empresas y la salida del país de grandes empresas como Nissan y Alcoa".

"Nuestra prioridad ahora no es una medalla que no tiene valor alguno, sino sacar la ciudad adelante tras el golpe que ha supuesto la pandemia", agrega Aranda, que explica que la ciudad solo puede imponer un número limitado de medallas, "por lo que a la muerte del condecorado, el galardón vuelve a estar en posesión del ayuntamiento".

Por su lado, el informe de la Delegación del Gobierno mantiene que "no se comparte el argumento utilizado por el ayuntamiento bilbilitano de que al tratarse de una condecoración vitalicia no es necesario un acuerdo expreso de retirada". "La consideración de que una medalla o cualquier otro tipo de honor concedido a una persona es vitalicia no tiene más efecto que el de entender que no está sujeta a ningún tipo de renovación o prórroga, siendo permanente en el tiempo y únicamente su retirada con un acto expreso le puede privar a la persona concreta de la consideración otorgada, independientemente de que esté vivo o haya fallecido", continúa la resolución.

Y el mismo escrito de la delegación argumenta que "prueba de ello es que determinados galardones se entregan a personas que ya han fallecido", como por ejemplo muchas condecoraciones militares. Además, arguye, "de seguirse el criterio municipal tendríamos que llegar a la conclusión, por poner un ejemplo ilustrativo, de que Santiago Ramón y Cajal no es Premio Nobel de Medicina, pues el ilustre neurólogo falleció en 1934".

Este argumento ha sido asimismo rechazado por el alcalde bilbilitano,que se ha remitido de nuevo al hecho de que la medalla concedida a Franco era "vitalicia, es decir, que solo tenía valor como tal mientras viviera la persona que la recibió". "No tiene nada que ver el galardón científico a la trayectoria del médico e investigador con una medalla de oro concedida en medio de una dictadura y que ya caducó con la muerte de Franco y la llegada de la democracia", subraya José Manuel Aranda.