Manuel Bellido Aspas preside el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desde el 2014. En el año 2019, fue reelegido para el cargo con el apoyo de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

-¿En qué medida ha afectado el estado de alarma a la marcha de la justicia en Aragón?

-La pandemia ha tenido una afectación general en todas las administraciones. En nuestro caso fueron las medidas que se dictaron por el Gobierno para la suspensión de plazos judiciales y actuaciones judiciales, salvo las consideradas servicios esenciales. Eso supuso la suspensión de la mayor parte de los juicios y muchas otras actuaciones, para que no hubiese contagio, aunque es cierto que en el caso de Aragón, como hace unos años se hizo una apuesta acertada por el expediente judicial electrónico, se pudieron realizar todas las actuaciones no sujetas a plazo, de tramitación, y se pudo hacer trabajando en remoto. De hecho, en este aspecto se hizo sustancialmente más que en otras comunidades autónomas.

-¿Qué lecciones puede extraer el mundo judicial de esta crisis?

-La principal que podemos extraer de esta pandemia, que era una catástrofe previsible, es que las administraciones no estábamos preparadas, en general y al igual que el sector público y privado, para atender esta situación. Por ello hay que incidir, por un lado, en el desarrollo de las nuevas tecnologías, como el teletrabajo, fundamentalmente, y los juicios por videoconferencia. Además, debemos realizar también reformas organizativas, sobre todo la nueva oficina judicial. Todo esto ayuda no tanto en el momento culminante de la pandemia como cuando se sale y se atiende al incremento de trabajo que se pueda producir.

-Ahora están poniendo en marcha la sala de prensa virtual.

-Está dentro de las nuevas tecnologías y se ha puesto en marcha en Huesca y se irá extendiendo a otros juicios mediáticos cuando haya limitación de aforo y acceso. En el futuro se podrá utilizar en los juicios, espero, con tantos periodistas acreditados que no puedan estar en la sala de vistas. Es un sistema que ayuda a la transmisión de la información judicial veraz a los ciudadanos y favorece el principio de publicidad.

-En los tres meses de ralentización de la justicia, se ha tenido que producir un gran atasco de casos.

-La principal afectación ha sido en los juicios, salvo los recogidos en servicios esenciales, pero ya se están señalando, de forma que en unos meses se podrán celebrar los suspendidos. Luego hay un enigma, saber cuántos asuntos nuevos entrarán como consecuencia de la crisis económica y social que derive de la crisis sanitaria. La previsión es que pueden ser bastantes, pero no lo sabemos. Hasta que no empecemos a ver lo que entra nuevo no podremos saber si va a haber una afectación mayor o menor. Pero lo previsible es que en la jurisdicción mercantil y la laboral, la civil, prácticamente en todas, vaya a haber juicios derivados de la crisis social y económica.

-¿Se puede medir el atasco?

-La comparación no es fácil, porque se han suspendido actuaciones, pero tampoco han entrado asuntos o han entrado menos, ahora es cuando empiezan a hacerlo. Pero lo que se ha podido tramitar porque no estaba sometido a plazo, si lo comparamos con el periodo equivalente del año anterior, hemos hecho un 40%. Parece una cifra pequeña pero otras muchas comunidades autónomas no han llegado siquiera al 20%. Y ello gracias al expediente electrónico.

-¿Qué medidas se van a tomar cuando se normalice la situación?

-Se han tomado medidas desde el comienzo porque, al producirse la suspensión de plazos, la comisión de seguimiento ya decidió recurrir al sistema de teletrabajo para aquellas cuestiones que se podían realizar, y se ha hecho bastante. También se adoptaron medidas de prevención y seguridad en el acceso a las sedes judiciales, desde aforos a control de acceso. Ahora se harán planes de refuerzo para los órganos más afectados. También que habrá que hacer reformas procesales y organizativas que caen fuera de nuestro ámbito para agilizar los procedimiento y obtener una mayor eficiencia, como la reforma de la oficina judicial.

-¿Se va a dotar a Aragón de algún juzgado covid?

-Se van a crear pocos y la sensación que tengo es que la mayoría va a ir a Madrid y Barcelona. Hago gestiones para que se cree alguno aquí, en lo social y lo mercantil, pero la experiencia de otros momentos de crisis es que tienden a ir a territorios donde la administración de justicia funciona con mayor retraso.

-¿Ha llegado el momento de ampliar la planta y plantilla judicial?

-Siempre es el momento de ampliar la planta judicial. Pero ya existían necesidades antes de la crisis y ahora se han incrementado. En cuanto a la plantilla, se necesitan cinco juzgados en Zaragoza, uno de lo civil, uno de lo mercantil, uno de lo social, uno de lo penal y otro de violencia contra la mujer. Y en las audiencias se tendría que crear el cuarto magistrado en las secciones civiles de la Audiencia de Zaragoza y en la de Huesca, con cuatro, tendría que haber cinco magistrados.

-¿Y qué es más necesario en materia de medios técnicos?

-Falta la regulación del teletrabajo tanto para las situaciones de crisis como para la normalidad. Y también es importante una regulación procesal en referencia a las videoconferencias y las salas de vistas virtuales, pues la normativa se centra en los juicios presenciales, partiendo de que los juicios telemáticos sirven para determinados juicios, sencillos, repetitivos, con poca aportación de prueba… En los juicios complejos soy partidario de que se celebren presencialmente, hay una mayor inmediación.

-Los abogados aragoneses se han quejado de que las normas impuestas durante el estado de alarma les impiden realizar su labor debidamente.

-Estamos en una situación de restricciones, pues el riesgo de contacto sigue y se han tenido que tomar medidas de prevención sanitaria. Y esto afecta a todos, desde los abogados a los funcionario y al público. Hay que buscar un equilibrio entre la prevención y que el trabajo se pueda desarrollar de la mejor manera posible, una cuestión que se debate en la comisión de seguimiento, donde todos los operadores judiciales suman y están representados.