El Gobierno de Aragón, formado por cuatro partidos entre los que se encuentran dos formaciones críticas con la ampliación de la estación de esquí de Cerler por los dominios de Castanesa, publicó ayer la orden de expropiación de los terrenos que permitirá avanzar en la primera fase de unas obras consideradas de interés general para la comunidad. Precisamente se da la circunstancia de que es el secretario general técnico del departamento de Vertebración del Territorio, Juan Martín de CHA, el encargado de rubricar este anuncio.

Desde la formación consideran que solo se ha avanzado en una tramitación administrativa que estaba contemplada en la aprobación definitiva del Plan de Interés General Autonómico (PIGA) del proyecto que impulsa la empresa semipública Aramón (con participación al 50% de Ibercaja). Sin embargo, este proyecto siempre ha contado con el visto bueno de PSOE_y PAR frente a las críticas abiertas y repetidas de formaciones que ahora se encuentran en el Ejecutivo, como CHA o Podemos. De forma repetida han denunciado que la ampliación se basa en un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta la realidad de las montañas y citan que los estudios medioambientales son claros al señalar que en pocas décadas la zona perderá la mitad de su manto nivoso y la infraestructura quedará desfasada a costa de profanar el espacio natural.

El documento publicado por el BOA concede un plazo de 20 días hábiles a los propietarios de los bienes afectados por las obras de ampliación del dominio esquiable que ya han comenzado en las cumbres pirenaicas para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

El pasado mes de agosto desde CHA todavía se insistía en la necesidad de paralizar las actuaciones que Aramón está desarrollando. «Nuestra oposición a este proyecto es tan coherente como conocida y la hemos defendido siempre, pública y abiertamente», sostenía el presidente de los aragonesistas, Joaquín Palacín.

Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón denunciaron que con este anuncio 35 familias (en una primera fase a la que seguirán otras expropiaciones) serán «expropiadas de sus tierras y del valle» en el que habitan. Además criticaron las supuestas bondades del proyecto empresarial. «Curiosa manera de luchar contra la despoblación el arrebatarles sus tierras por la fuerza y contra su voluntad», afirmaron.

Esta plataforma ya ha denunciado este verano al Gobierno de Aragón por las obras y exigen que se declare caducado el PIGA en el que se basa el proyecto, aprobado hace diez años.