Las discrepancias en materia medioambiental entre PSOE y Podemos en el seno de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la DGA vuelven a revelarse. Después del choque con motivo de la protección del lobo y las posturas contrapuestas sobre la respuesta que debe pedirse al Gobierno central sobre la continuidad de las obras del pantano de Mularroya y el recurso ante el Supremo, los informes técnicos sobre el macroproyecto eólico previsto en las comarcas de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre han vuelto a mostrar las distintas posturas de ambos socios. El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga (PAR), ha entrado en escena para insistir en que ningún proyecto saldrá adelante si no cuenta con todas las bendiciones del territorio.
Las diferencias llegan a tal punto que fuentes del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente han confirmado que el informe de Medio Natural es «de la Dirección General» y que el consejero, Joaquín Olona, no era conocedor del mismo pese a que jerárquicamente la Dirección General de Medio Natural depende de él. El director general, Diego Bayona, de Podemos, ha declinado hacer declaraciones y fuentes próximas recordaron que se trata de un informe «técnico».
Aunque esta situación vuelve a leerse como una discrepancia fuera del Pignatelli, los cimientos del cuatripartito siguen por ahora sin moverse. Se trata de informes elaborados por técnicos, recuerdan. Pero fuentes de Agricultura vuelven a incidir, después de las palabras del consejero, en que el informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) «es el único de obligado cumplimiento y presentación» al Ministerio de Transición Ecológica, que es el órgano que debe resolver la evaluación ambiental final del macroproyecto. El resto, indican, son «consultas previas» que forman parte de un complejo proceso en el que el ministerio liderado por Teresa Ribera recabará más de 60 estudios distintos. «Si el Inaga no presenta su informe, no puede seguir la tramitación del ministerio», recuerdan.
Además, aunque el informe del Inaga sigue en proceso de elaboración, volvieron a confirmar que su conclusión será «favorable» a los 22 parques eólicos con 161 aerogeneradores, aunque «con condicionantes».
«Con pulcritud»
El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha reiterado que el Gobierno de Aragón va a hacer las cosas como «tradicionalmente» las ha estado realizando, es decir, «con pulcritud y cumpliendo exclusivamente la norma». «Incumplir la norma en una dirección u otra tiene penalización», ha recordado.
Aliaga ha recordado que cualquier empresa puede presentar una instalación de generación de renovables y someterse a las leyes ambientales y a la norma que lo regula. Ha subrayado que en el caso de los proyectos en el Maestrazgo «se van a cumplir escrupulosamente todos los requisitos». «Lo que tenga todas las autorizaciones y todas las bendiciones, saldrá adelante y lo que no, no», ha incidido el consejero.
Por otro lado, ha añadido que «produce bastante satisfacción decir que en el Plan Energético de 2012-2020 preveíamos que Aragón podría llegar a 4.000 megavatios de energía eólica o con unos corredores ambientales definidos y acertamos». Y que en Aragón se han denegado ya 19.000 megavatios, «porque tenemos un buen recurso de sol y de viento y ha habido muchas solicitudes». «Descarbonizar la economía será un éxito de todos», ha asegurado Aliaga.
«No confiamos en el consejero»
La asociación ecologista Amigos de la Tierra puso ayer el grito en el cielo por las declaraciones del consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín OIona, acerca de que el informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) será el único «vinculante» para el Ministerio de Transición Ecológica a la hora de decidir sobre el macroproyecto eólico en el Maestrazgo turolense. José Antonio Domínguez, portavoz de la entidad, subrayó que «hay numerosas alegaciones al proyecto presentadas por distintas organizaciones ecologistas y por particulares que ya están en manos del ministerio», por lo que criticó la «prepotencia» del consejero Olona. Además, manifestó que desconfían del informe que está elaborando el instituto y que ya se ha anunciado que será favorable. «No nos fiamos del consejero ni del Inaga porque tiene una gran transigencia, Aragón tiene una deficiente legislación ambiental y no están en vigor los planes de protección de las especies», denunció.
Desde Amigos de la Tierra insistieron en que un proyecto de tal calibre no puede ponerse en marcha «donde hay especies de fauna en claro retroceso», y recordó el informe de la Dirección General de Medio Natural, que alerta de estos riesgos. Además, denunció los posibles daños «irreparables» que generaría la infraestructura. «Llevamos 25 años luchando contra el desastre que provocan las eólicas, que nunca podrán devolver al territorio lo que se ha destrozado», afirmó.
