El 28% de la superficie de Aragón está afectada por los planes de gestión de la Red Natura, que imponen restricción de usos, limitaciones y prohibiciones para cualquier actividad con las consiguientes limitaciones para el desarrollo económico de más de 30 municipios. Así lo señaló ayer la abogada Pilar Martínez en alusión a los más de 400 instrumentos de gestión aprobados en la comunidad y contra los que una treintena de municipios han recurrido a la vía administrativa para solicitar la anulación del decreto 13/2021 del 25 de enero.
Entre los argumentos que utilizan los municipios, explicó Martínez en una nota de prensa, figuran las «severas restricciones impuestas» para el desarrollo de actividades económicas tradicionales, como la agricultura o la ganadería, así como la ausencia de un verdadero proceso de participación pública y que, a juicio de la letrada, «incumplen la normativa medioambiental».
En este sentido, recordó que la Directiva Hábitats propuso un procedimiento que pretendía garantizar la seguridad jurídica y otros derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la propiedad, además de unos principios básicos para la utilización racional de los recursos naturales, la participación de los intereses afectados en la elaboración de las normas medioambientales y la protección del derecho al desarrollo socioeconómico de los lugares donde se instaura.
A su juicio, hay prerrogativas que «incumple» el Gobierno de Aragón con la aprobación en bloque de dichos planes de gestión y pese a que se han declarado 204 ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y ZEC (Zonas de Especial Conservación), que afectan a un 28% del territorio aragonés, abarcando más de 13.600 kilómetros cuadrados comprendidos en 531 municipios de las tres provincias.
Limitaciones para el cultivo
A juicio de la abogada, se trata de la «consolidación de un régimen de restricción de usos, limitaciones, prohibiciones y dificultades para cualquier actividad que pretenda desarrollarse en prácticamente un tercio de la superficie de la comunidad».
Esta normas, agregó, «afectan» a derechos individuales, a la autonomía de ayuntamientos y entidades locales menores, al uso urbanístico, agrícola, ganadero, turístico, silvícola de esos territorios, así como a las nuevas y antiguas infraestructuras de comunicación, carreteras, vías de acceso, telefonía, instalaciones industriales y fabriles, tratamientos fitosanitarios, aprovechamientos de recursos naturales o cambios de cultivos, entre otros.
La letrada consideró necesario compatibilizar la protección y preservación de la naturaleza con el desarrollo del entorno rural, pero alertó que, además de impedir tareas tradicionales que han contribuido a fijar la poca población y a la sostenibilidad del entorno, en algunas zonas «se establecen condicionantes al tipo de cultivo o a la fórmula elegida para regar».
Por ello, Martínez aludió a la obligatoriedad de que los planes incorporen memorias económicas, con partidas presupuestarias concretas, que permitan hacer frente al coste de la implantación y sostenimiento de estos instrumentos de gestión e indemnizaciones económicas para quienes van a ver «mermados, restringidos o eliminados intereses legítimos consolidados».
