El gasto en personal de los 45 entes públicos en Aragón asciende a 97,8 millones de euros anuales, según el promedio entre los años 2017 y 2019, tal y como indica el informe de fiscalización publicado ayer por la Cámara de Cuentas de Aragón en el que se analiza la aplicación en la comunidad autónoma de la ley de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto de personal de las entidades públicas aprobada en 2017. El estudio destaca que de estos 45 entes públicos, en los que hay 2.547 empleados, 33 ya han homologado sus salarios a lo que marca la normativa.
Cuatro años después, quedan todavía 12 entes por adaptarse a la norma, aunque los que ya se han actualizado aglutinan a la gran mayoría del personal, un 95,6% del total. También es reseñable que Sarga aglutina el 35,3% del gasto total en salarios y el 41,7% de los efectivos (la mayor parte del personal de todos los organismos analizados), que incluyen a todo el operativo de prevención y extinción de incendios.
Con estos datos, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas concluye que «el sector público institucional de Aragón cumple la ley que le obliga a homologar las retribuciones de su personal a las del resto de empleados públicos», aunque señala ámbitos de mejora y afea que algunas exigencias de la ley no se cumplan.
El estatuto de personal, pendiente en Aragón
En concreto, la Cámara de Cuentas denuncia que la comunidad autónoma no ha aprobado todavía un estatuto propio del personal directivo para definir con claridad el régimen jurídico aplicable a estos trabajadores, que difieren por sus características del resto de empleados de los entes públicos.
Además, el informe denuncia que «no hay modelos de contrato homogeneizados», los datos se encuentran «dispersos» y en bases con formatos que no se pueden manejar ni comparar entre sí, lo que ha dificultado la fiscalización de los mismos. Por eso, se recomienda al Gobierno de Aragón aprobar un «modelo normalizado de contrato de alta dirección para todo el personal directivo que preste servicio en el sector público institucional».
La norma estatal establece la regulación de las retribuciones en consonancia con el nivel de salario del grupo de funcionarios A1 nivel 30, pero deja abiertas cuestiones como los complementos. Otro de los peros que destaca el informe del órgano fiscalizador aragonés es que las entidades públicas han llegado «tarde» a la aplicación de la norma. Ninguno de los 45 entes analizados efectuaron la homologación de los salarios en el plazo previsto por la ley, que quedaba establecido antes del 30 de junio del mismo año 2017.
Una aplicación que llega tarde
En las entidades de Derecho público, como la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el Banco de Sangre y Tejidos o el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), la culminación del proceso de homologación se aprobó con un retraso de entre 172 y 340 días. Entre las sociedades mercantiles públicas, como Aragón Exterior (Arex), Aragón Plataforma Logística, Expo Zaragoza Empresarial o Sarga, la homologación llegó entre 312 y 389 días tarde, a excepción de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que se demoró hasta los 690 días, siendo una de las que más se retrasó en la aplicación de la normativa.
Por otro lado, señala el informe, «siete de las doce fundaciones del sector público aragonés tramitaron sus respectivos expedientes y culminaron el proceso de homologación con un retraso que oscila entre los 18 y los 1.258 días, destacando la demora observada en la fundación Moto Engineering Foundation, de casi tres años y medio. Otras cinco fundaciones no habían iniciado todavía el proceso de homologación de salarios al cierre de 2019. En el caso del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, que cuenta con 70 empleados, se inició la regulación en 2020. Solo el Consorcio Comunidad de Trabajo de los Pirineos (de los seis consorcios que deberían aplicar la ley) ha finalizado la homologación, con más de un año de demora.
El órgano fiscalizador señala, por otro lado, los distintos procedimientos de elección por los que han accedido a estas entidades los directivos contratados desde 2017. Se trata de 30 profesionales, de los que 18 se eligieron por libre designación basada en la confianza política, o sea, a dedo. Y este fue el sistema de elección más empleado entre los directivos.
Otros once puestos se cubrieron mediante procesos concurrentes, si bien la Cámara de Cuentas destaca que en solo en un caso se dio publicidad a la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón. En concreto, para el puesto de director de investigación del CITA.
La Cámara de Cuentas considera que «cualquier oferta de concurrencia que no se publique en el BOA, tendrá una publicidad insuficiente», aunque la norma permita que estos puestos tan solo se promocionen, por ejemplo, en las páginas webs de los respectivos organismos públicos.
El informe al detalle
1.Gran rotación de los altos directivos
El informe de la Cámara de Cuentas refleja que el puesto de máximo responsable presenta una «elevada rotación» en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Exterior, Walqa, Turismo de Aragón y el Centro Astronómico Aragonés (con hasta 4 gerentes en 4 años).
2. El retraso se convierte en un "agravio"
Las demoras al aprobar la norma implican un «agravio comparativo» frente al resto de entes que han cumplido con mayor celeridad, señala la Cámara de Cuentas, porque quienes aprueben más tarde los complementos retributivos tardarán más tiempo en neutralizarlos.
3.La ley impide la mejora de los salarios
La ley establece que ningún empleado del sector público institucional puede ver incrementadas sus retribuciones por el proceso de homologación. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud lo incumplió con 37 empleados, por lo que la Cámara de Cuentas estima un exceso de pago de 324.000 € en tres años.
4.Tres años tarde en el estatuto de personal
El Gobierno de Aragón no ha presentado ante las Cortes un Proyecto de Ley de Función Pública que regule el estatuto del personal directivo del sector público autonómico. La ley de Integridad y Ética Públicas, aprobada en 2017, exigía su tramitación con anterioridad al 6 de enero de 2018.
5. El informe reclama más transparencia
La Cámara de Cuentas ha detectado que no se ha dado «publicidad suficiente» a las homologaciones de las plantillas ni a las indemnizaciones por cese pagadas. La mayoría de las sociedades, fundaciones y consorcios no publican la agenda de sus directivos.
